Una denuncia por acoso sexual sigue en diligencias previas en Sevilla tras 20 meses

Movilizarse contra el supuesto acoso y agresión sexual de su jefe está resultando para una ATS sevillana una batalla interminable. Presentada la denuncia ante un juzgado en mayo de 1997, la demandante no ha conseguido que la juez, María Auxiliadora Echávarri, la misma que instruyó el caso Arny, la haya siquiera recibido. Las diligencias previas continúan mientras que la demandante, de baja por depresión y ansiedad, se ve obligada a tramitar la invalidez por cumplimiento del plazo legal establecido para ello.

El calvario de la ATS sevillana, de 42 años de edad, comenzó hace cinco años, cuando su jefe, un médico de la sanidad pública, empezó a requerir sus favores sexuales, según ha denunciado esta mujer madre de dos hijos. El supuesto acoso se redobló a principios de 1996 y la demanda se presentó ante el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla en mayo de 1997, después de que, según la denuncia, el jefe de la denunciante la agrediera sexualmente, acorralándola un par de veces y llegando a tocar sus órganos genitales. Hasta aquí sería una denuncia más si no fuera porque las diligencias previas ni siquiera se han concluido. La juez María Auxiliadora Echávarri sobreseyó el caso unos meses más tarde -en noviembre de 1997-, si bien lo reabrió al recibir el recurso de la demandante. Ésta se quejó, en enero de 1998, ante el decano jefe de Sevilla del hecho de que la juez aún no la hubiera recibido, un extremo que la magistrada reconoce en un escrito, alegando que la denuncia era lo suficientemente extensa y pormenorizada como para no tener que someter a la denunciante al trago de "reiterar y revivir los hechos" relatados. No obstante, la juez añade que se han "observado todos los principios constitucionales y normas procedimentales". Pruebas extrañas Para la abogada de la denunciante, Aurora León, es extremadamente raro que una juez archive primero un caso de denuncia sexual y luego lo reabra sin haber visto siquiera la cara de la supuesta víctima. "En un delito de este tipo la declaración de la denunciante es fundamental", alega la abogada. Pero para esta letrada, es más extraño todavía el hecho de que el fiscal haya pedido ahora un examen psicológico del imputado. "Esto es grave desde el punto de vista penal", explica León. "Es normal que la defensa pida este tipo de pruebas para acogerse a eximentes y atenuantes, pero no que lo haga el fiscal. El imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y, además, ¿si no tiene instintos agresivos se le va a eximir del presunto delito?", se pregunta la abogada. La misma psicóloga que deberá practicar esta prueba fue la que ha confirmado el lamentable estado anímico de esta ATS desde que sufre el supuesto acoso sexual. La depresión, la ansiedad y la baja autoestima han dejado a la demandante, según palabras de su marido, "totalmente bloqueada". "Si el proceso terminara, al menos podríamos acabar esta pesadilla, pues todos los informes dicen que eso favorecería su restablecimiento", explica el marido, "pero, así, ella tiene la sensación de que nadie la cree, de que es culpable en vez de víctima. No se encuentra en situación de trabajar, ni siquiera en otro puesto de trabajo en el que este hombre no esté". En el juzgado preguntaron sobre qué asunto se requería información y, después, aseguraron que para obtenerla es necesario pedir audiencia, personalmente, al agente judicial.