Juicio "sumarísimo" en Ibercorp tras un pacto a la americana

La Fiscalía de Madrid y los acusados del caso Ibercorp alcanzaron un pacto en el umbral del juicio oral, el pasado día 15. El cambio de calificación de los delitos originarios (maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa) y la reducción de las penas de 15 años a 1 año, sin ingreso en prisión, para tres acusados, y de 12 años a una multa para el cuarto, hicieron el milagro. La Fiscalía, indemnizados los últimos perjudicados, aceptó el consenso. No las tenía todas consigo sobre el desenlace del juicio.

¡Jo qué noche la del 4 de mayo de 1994! Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, era detenido en su domicilio de la madrileña calle de Jovellanos; mientras, por las mismas horas, Manuel de la Concha era arrestado en la carretera de la Playa, al dirigirse en coche a su casa de Puerta de Hierro. La Fiscalía de Madrid, a cargo de Mariano Fernández Bermejo, ordenó la detención sin pasar previamente por el juez. Una vez en Plaza de Castilla, ya detenidos, fue el juez José Emilio Coronado, entonces titular del juzgado de instrucción número 6, quien les envió a Carabanchel. Casi cinco años más tarde, el pasado día 15 estaba convocado el juicio por el caso Ibercorp con siete acusados: Manuel de la Concha, Jaime Soto, Benito Tamayo, Rafael Vázquez Padura, Ignacio Velasco, Joaquín Amo y José Manuel Quesada. Tanto Mariano Rubio como Manuel de la Concha también están acusados, en otro procedimiento de Plaza de Castilla, por fraude fiscal, tráfico de influencias, pero este caso sigue abierto.Mientras el tribunal se preparaba para iniciar el juicio, el viernes 12 de febrero de 1988, a las diez de la mañana, en un despacho de la primera planta de los juzgados de Plaza de Castilla, el fiscal del caso Ibercorp, Carlos Ruiz de Alegría, y los abogados de los siete acusados, cerraban formalmente un acuerdo. Cuatro acusados consensuaban con la Fiscalía sus condenas, con una reducción fortísima, de 15 años de prisión a 1 año, en tres imputados, y de 12 años de prisión a una multa de 1,8 millones de pesetas para el cuarto de ellos. El consenso de ese viernes 12 de febrero, alcanzado tras una negociación que duró diez días, permitía que el juicio se iniciara el lunes 15 y terminara ipso facto, esa misma mañana, con una sentencia de conformidad.

Todo comenzó a mediados de enero pasado, tras ser citadas las cuestiones previas del juicio del caso Ibercorp para el 15 de febrero. José Antonio Jiménez, letrado del también abogado Rafael Vázquez Padura, uno de los siete acusados, preguntó a su cliente "¿Habéis intentado un acercamiento a la Fiscalía?. "No. ¿Eso se puede hacer, legalmente hablando?, preguntó Vázquez Padura. "Sí está previsto por la ley", aseguró el letrado.

Ya la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1885 preveía las sentencias de conformidad. En 1980, se amplió para penas de hasta seis años, para extenderse, en 1988, por la ley del procedimiento abreviado, hasta los doce años. En 1989, la Fiscalía General del Estado establecía, por circular, el consenso antes de iniciarse el juicio y la sentencia de conformidad tras iniciarse aquél.

La tarde del 21 de enero pasado, la idea de pacto dio un paso adelante. Vázquez Padura preguntó a Carlos García de Ceca, abogado de Soto y de Tamayo, cómo veía un consenso. La intencionalidad era evidente. Los "grandes" acusados eran De la Concha, Soto y Tamayo. García de Ceca pensó que sus clientes estarían de acuerdo. Se acordó, pues, que éste hablaría por teléfono con el fiscal Carlos Ruiz de Alegría. Eso hizo. El fiscal le escuchó y dijo que tenía que consultar con sus jefes. Tanto Fernández Bermejo, fiscal jefe, como Joaquín Sánchez Covisa, teniente fiscal, estuvieron de acuerdo.

"Había dos condiciones fundamentales", recuerda Fernández Bermejo. "La primera era la exigencia de indemnización a los perjudicados. Que no quedase nadie sin cobrar. Sin esto no se podía ni empezar a hablar. La segunda, que se aceptaran las condenas o el reconocimiento de culpabilidad", subrayó a EL PAÍS.

La Fiscalía, según señala Fernández Bermejo, acudía al juicio oral en unas condiciones difíciles. El tiempo, según reza un viejo axioma del procedimiento penal, juega a favor de los acusados. En este caso, el cambio del Código Penal en 1995, con la despenalización de la llamada falsedad ideológica, quitaba hierro a la calificación de la Fiscalía. No era el único problema. La Fiscalía tenía sus dudas de que la tipificación como delito de estafa pudiera salir adelante en lo que se asemejaba más un delito de administración desleal, no vigente en el momento de los hechos.

"No podíamos, lógicamente, tener la seguridad de que el tribunal aceptaría nuestra calificación como estafa. El riesgo era que el delito quedara, pues, impune", señala Fernández Bermejo.

El viernes 5 de febrero, Ruiz de Alegría llamó a García de Ceca. Tenía luz verde. Había que indemnizar a un grupo de perjudicados de Bilbao, las falsedades se quedarían fuera de la calificación, las penas serían mínimas y se aplicaría el delito societario.

La existencia de un último grupo de perjudicados, después de que todos los demás, que se expresaban a través de las acusaciones particulares y populares se retiraran, facilitaba las cosas. El artículo 21.5 del Código Penal vigente estima que la reparación con anterioridad a la celebración del juicio oral es una circunstancia atenuante. Había otra: la dilación del proceso, incoado en 1992 y cuyo juicio se celebraba en 1999.

La llamada del fiscal desencadenó el proceso. El mismo viernes 5 de febrero, los abogados se dieron cita a la una del mediodía en el bufete del penalista Miguel Bajo. Hasta entonces, Bajo, abogado de Manuel de la Concha., no había tomado parte en la negociación. Acudieron García de Ceca, Antonio González Cuéllar, letrado del acusado Ignacio Velasco, José Antonio Jiménez, Gonzalo Martínez Fresneda, abogado del acusado Joaquín del Amo, y Miguel Bajo y José Lozano, letrados de De la Concha. Bajo exigía para sumarse al acuerdo que se diera a su cliente garantías de que en el otro procedimiento pendiente (junto con Rubio y otros, en el juzgado número 6) tendría un tratamiento especial y que la causa se archivaría. Los otros abogados consideraron que esto sería inaceptable para la Fiscalía, como lo fue. Bajo expresó su temor de que después de aceptar una condena en el caso Ibercorp, que no implicaba ingreso en prisión, por falta de antecedentes, De la Concha tuviera que cumplir pena de prisión si era condenado en el otro caso por contar ya con una condena. Se le explicó que no funcionaba así. Los hechos que se ventilan en el juzgado número 6 son anteriores a los juzgados en el caso Ibercorp.

El acuerdo podía naufragar. La Fiscalía quería un pacto con todos o con ninguno. La razón era sencilla: bastaba que uno solo rompiera la baraja para que el juicio oral tuviera que desarrollarse. La nueva cita fue el martes 9 de febrero a las 11 horas en la la primera planta de Plaza de Castilla. Todos los abogados con el fiscal Ruiz de Alegría y el teniente fiscal Sánchez Covisa.

El fiscal insistió en el pago de los perjudicados de Bilbao. Sánchez Covisa expuso los términos del consenso. Bajo insistió en la situación de De la Concha y el procedimiento pendiente en el juzgado 6. Una fiscal experta en temas penitenciarios fue llamada a la sala. Explicó cómo se contemplaban el asunto de los antecedentes y la remisión de las condenas. Bajo ya no puso resistencia.

Tres acusados (Velasco, Del Amo y Quesada) quedaron fuera del caso. Tres acusados (De la Concha, Soto y Tamayo) aceptaron penas de un año cada uno por dos delitos (el acuerdo abusivo previsto por el delito societario y maquinación). Finalmente, Vázquez Padura obtuvo una multa de 10.000 pesetas día o 1,8 millones de pesetas. El viernes 12 se formalizó el pacto y al día siguiente, sábado 13, García de Ceca viajó a Bilbao con el dinero para los últimos perjudicados.

El lunes 15 se levantó el telón del juicio de Ibercorp y se bajó automáticamente tras una sentencia de conformidad.