El "caso Ibercorp" se cierra con una reducción de condena a De la Concha de 15 años a uno

El juicio del caso Ibercorp terminó ayer, el mismo día que comenzó. Los principales imputados, Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, han eludido la prisión tras aceptar la propuesta del fiscal de rebajar las penas de los 15 años que pedía a uno. El juez dictará su sentencia ajustándose al acuerdo entre las partes, como está previsto en la ley y como recordaron ayer la ministra de Justicia, Mariscal de Gante, y el abogado defensor, Miguel Bajo. Según éste,la aplicación del nuevo Código Penal, que establece como atenuante la indemnización a las víctimas, ha sido clave en el desenlace.

Ninguno de los tres principales imputados ingresará en prisión, ya que es su primera condena y la pena es inferior a dos años. Para el cuarto imputado, Rafael Vázquez Padura, el fiscal rebajó la pena inicial y ahora pide una multa de 10.000 pesetas diarias durante seis meses, lo que supone 1,8 millones de pesetas. En cuanto a los tres restantes imputados, los abogados Joaquín Amo Álvarez, Ignacio Ramón Velasco Calderón y José María Quesada Moya, el fiscal Carlos Ruiz Alegría solicitó la absolución, por considerar que, pese a que cooperaron desde el despecho de Padura, no conocían la finalidad de las actividades.Manuel de la Concha estaba acusado de los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, delito societario, estafa y apropiación indebida, pero en sus conclusiones definitivas el fiscal retiró los dos últimos, de acuerdo con el nuevo Código Penal, por lo que rebajó las penas solicitadas en sus primeras conclusiones, elaboradas en 1994.

El caso Ibercorp saltó a la opinión pública en el año 1992, cuando se descubrió que la agencia de valores del Grupo Ibercorp (gestionado por Manuel de la Concha), había manipulado un listado de clientes poseedores de acciones de Sistemas Financieros, empresa perteneciente al mismo Grupo Ibercorp, ocultando la verdadera identidad de importantes depositantes de la citada entidad. Los tres principales accionistas del Grupo Ibercorp -De la Concha, Soto y Tamayo- controlaban el 74% del capital.

Así, nueve años después de saltar el escándalo, el caso Ibercorp ha quedado visto para sentencia en la sesión dedicada a las cuestiones previas, tras aplicar la presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial el acuerdo de "conformidad" alcanzado entre las partes.

Un proceso de 1994

La sentencia del caso se conocerá próximamente y se deberá ajustar al acta de conformidad firmada por ambas partes ayer en la Audiencia Provincial de Madrid.

El acuerdo entre las partes cierra el proceso, que comenzó en el año 1994, cuando De la Concha, Soto y Tamayo fueron acusados de realizar operaciones especulativas en Bolsa y operaciones de autocartera (compra por una sociedad de sus propias acciones) con la única finalidad de sostener la cotización de las sociedades del grupo Ibercorp para su enriquecimiento personal.

De hecho, no se personaron en el proceso ni la aseguradora Munat ni dos fondos de inversión japoneses, que fueron los principales perjudicados por este ejemplo de lo que dio en llamarse ingeniería financiera. Además, tampoco se personó ninguna acusación popular.

El acuerdo propuesto por el fiscal consiste en la rebaja desde 15 años de cárcel de petición global a seis meses por el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y a otros seis (es decir, un año en total) por delito societario y adopción de acuerdos abusivos para los tres principales socios de Ibercorp (Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo). Para el abogado Rafael Vázquez Padura, a quien el juez acusaba también de maquinación para alterar el precio de las cosas, pagará una multa de 1,8 millones de pesetas.

Según Miguel Bajo, "técnicamente se ha celebrado el juicio y ha sido una iniciativa del fiscal la que ha lo resuelto por esta vía, que está contemplada como figura jurídica en la actual legislación" con el objetivo de ahorrar pleitos al tiempo que se exonera al imputado del riesgo de ser condenado a la pena que en principio solicite el fiscal.

Posibilidades de la ley

La ministra Margarita Mariscal de Gante coincidió con la opinión del abogado defensor: "El acuerdo adoptado entre el fiscal y los acusados para llegar a una pena concreta es una de las posibilidades que la ley regula y establece. No ha habido una suspensión", declaró la titular de Justicia ante los periodistas durante su visita a la Cámara de Comercio de Madrid. "El acuerdo entre el fiscal y la defensa se plasmará ahora en la condena", aclaró.

El abogado Miguel Bajo añadió que a su defendido, Manuel de la Concha, "le ha parecido oportuno aceptar la propuesta de un año de prisión, aunque pensaba en la absolución".

El abogado asegura que todos los pequeños accionistas damnificados han sido indemnizados, por lo que no queda ninguna responsabilidad civil por resarcir.