El Gobierno ultima el reglamento de los lugares de internamiento, trece años después de su creación

Trece años después de que se crearan los centros de internamiento de extranjeros indocumentados, el Gobierno asegura que en el plazo de un mes o dos promulgará una orden ministerial por la que se regulará el funcionamiento y régimen interior de dichos establecimientos. Con eso se evitará que, como ha ocurrido durante más de un decenio, se rijan según la voluntad discrecional de sus directores. La llamada Ley de Extranjería, vigente desde 1985, establece que los inmigrantes sorprendidos en España sin la documentación en regla podrán ser internados "en centros de detención o en locales que no tengan carácter penitenciario", previa autorización judicial. Pese a que de forma inmediata se pusieron en marcha centros de este tipo, transcurrieron 11 años más hasta que fue aprobado el consiguiente reglamento, cuyo artículo 113 establece que "el ministro de Justicia e Interior dictará las normas que se consideren necesarias para regular el funcionamiento interno de estos centros". Pero han pasado otros tres años más y sigue sin haber unas normas legales que clarifiquen los derechos y deberes de los inmigrantes que dan con sus huesos en los seis establecimientos existentes en España.

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha enviado ya a la Presidencia del Gobierno el reglamento referente al régimen interno de los centros de detención, según José Ramón Ónega, director general de Política Interior. Éste calcula que el reglamento será promulgado por el Gobierno a través de una orden ministerial en el plazo de uno o dos meses, con lo que se pondría fin al vacío existente.

Informe de ONG

Ónega explica: "La [futura] orden ministerial fue sometida a informe de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que no consideraron que su contenido deba ser objeto de una ley orgánica, a diferencia del Colegio de Abogados de Madrid, que entiende que afecta a los derechos de los internos y que por ello debería ser una norma de este rango legal". Si fuera una ley orgánica, necesitaría ser aprobada por el Parlamento y con mayoría absoluta de la Cámara.El futuro reglamento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) preve que los inmigrantes indocumentados reciban atención social a través de conciertos con organizaciones humanitarias, mientras que la asistencia sanitaria la prestarían facultativos y técnicos de la policía.