Telefónica no debe cobrar llamadas fallidas a Internet, según dos peritos

Los dos peritos a los que el juez Baltasar Garzón encargó un informe sobre el cobro por parte de Telefónica de conexiones fallidas a Internet opinan que el operador no debería considerar éstas como servicio prestado, pero creen que no hay infracción de ley, por falta de reglamentación. Los dos ingenieros de telecomunicación afirman que "el servicio de conexión a Internet sólo debe considerarse satisfecho una vez que se haya establecido la conexión a la red, por lo que completar la primera fase de conexión telefónica entre módems, desde el punto de vista del usuario, no debe considerarse como un servicio prestado".

El informe pericial reconoce que hay muchas posibles causas de interrupción de la conexión a Internet, desde la congestión de la red telefónica a la inadecuada configuración del equipo del usuario, pasando por fallos en el servidor de acceso. Y señala que "salvo el usuario y Telefónica, ninguno de los agentes implicados en la conexión a Internet tiene capacidad técnica para ejecutar la interrupción de la conexión telefónica entre los módems. De manera que en ningún momento el proveedor de servicios de Internet o el operador de conmutación de datos pueden interrumpir la conexión". Pero los peritos recuerdan que la orden de 22 de enero de 1996, que reguló el acceso a Internet, no especificaba el papel de Telefónica ante el usuario cuando se producían interrupciones, por lo que este operador "ha aplicado criterios propios, los cuales no tienen por qué coincidir con los criterios de los usuarios y de los proveedores de servicios de Internet". Este informe pericial se ha producido como consecuencia de las diligencias abiertas por el juez Garzón por denuncia de un usuario sobre el cobro de llamadas fallidas a Internet.

Sin relación con este informe pericial, Telefónica Data de España distribuyó ayer un comunicado en el que anuncia la preparación de un centro de diagnóstico y solución de problemas para el servicio Infovía Plus, y anuncia penalizaciones económicas a los proveedores en casos de incumplimiento de contrato.