El Ayuntamiento de Gijón acusa de prevaricación a Piqué por las ayudas concedidas a La Carolina

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, socialista, elevó ayer el tono y acusó al ministro de Industria, Josep Piqué, de un posible delito de prevaricación por haber desestimado la concesión de ayudas a 12 proyectos de reactivación, empleo y formación profesional del concejo asturiano, que cumplían los requisitos exigidos, y haber otorgado subvenciones a dos propuestas de La Carolina (Jaén) tres meses antes de que se agotara el plazo de presentación de solicitudes. El pleno del Congreso debatirá hoy si se investiga la gestión de Piqué en Industria.

La solicitud para crear una comisión de investigación que examine la gestión de Piqué -hijo adoptivo de La Carolina y amigo de su alcalde, Ramón Palacios, del PP- fue presentada por el PSOE, IU e Iniciativa per Catalunya. La petición tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que tanto CiU como el PNV han anunciado que no la apoyarán. Ayer, la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, retó al PP a apoyar la comisión de investigación para demostrar que "no tiene nada que ocultar". Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusó al PSOE de "mezquindad", "mala fe" y "claro cinismo".

Tanto el PSOE como IU, conscientes de que su iniciativa de investigación parlamentaria tiene pocas posibilidades de prosperar, han anunciado que intensificarán el control sobre la gestión de Piqué tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas. En esta línea, el PSOE ha adelantado que esta misma semana presentará al fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, un informe sobre las ayudas de Industria al municipio de La Carolina.

Sobre esta polémico asunto, el Ayuntamiento de Gijón, de mayoría socialista, que ha recurrido el proceso ante la Audiencia Nacional y solicita su anulación, acusa al ministro de Industria de trato de favor a La Carolina y discriminación por razones políticas e ideológicas a Gijón. Esta acusación no ha sido denunciada ante los tribunales ya que el ayuntamiento esperará a que se resuelvan los recursos.

Delito

Asimismo, la corporación gijonesa acusa a Piqué de haber adoptado una decisión a sabiendas de que era injusta, por lo que considera que podría haber incurrido en un delito de prevaricación en la concesión de ayudas. El Ayuntamiento de Gijón, con los votos a favor de PSOE e IU y la negativa del PP, decidió recurrir a la Audiencia Nacional, tal y como ayer informó EL PAÍS, por considerar que ninguna de las razones esgrimidas por Industria para desestimar la subvención de los 12 proyectos propuestos por el ayuntamiento asturiano figuraban en las bases de la convocatoria, y por entender que la concesión de dos subvenciones por un importe global de 784 millones de pesetas al municipio de La Carolina el 17 de julio de 1997, dos meses y medio antes de la fecha en que vencía el plazo para la presentación de solicitudes (30 de septiembre), supone que "no ha habido concurrencia competitiva", dado que las subvenciones al Ayuntamiento jienense se otorgaron cuando aún no se tenía conocimiento de la totalidad de las solicitudes que iban a optar a dichos fondos. Las peticiones de Gijón se presentaron el 27 de septiembre, tres días antes de que se agotara el plazo hábil. Las concesiones a La Carolina son las únicas que firmó personalmente el ministro, aseguró ayer el concejal de Empleo, Desarrollo Local y Juventud, José Manuel Sariego.

El Ayuntamiento de Gijón presentó ante el Ministerio de Industria 12 proyectos, con una inversión global de 3.553 millones de pesetas. Para ellos pedía una subvención de 2.734,6 millones. Industria desestimó todas las solicitudes gijonesas el 5 de enero de 1998, alegando que no habían merecido una valoración adecuada.

Tras el recurso administrativo del equipo de gobierno gijonés, el ministerio explicó su negativa el 30 de marzo de 1998, que atribuyó a que los fondos disponibles eran escasos, a que Asturias ya dispone de los llamados "fondos mineros" y a que los proyectos no se circunscribían al año 1997. Los socialistas gijoneses afirman que ninguno de tales factores figura en la convocatoria de ayudas como causas de exclusión. "La invocación de elementos de juicio que no figuran en la orden ministerial es una ilegalidad manifiesta", señaló Sariego.