Protección bajo mínimos

Paredes desconchadas apenas disimuladas por sucesivas capas de pintura, cañerías que reptan sobre tabiques y techos dignas de ser expuestas en un museo sobre la posguerra, mobiliario de desecho, pavimento cuarteado, pilares agrietados que han sido acorazados, temblorosas barandillas sujetas con argamasa, ventanas agrietadas y frío, mucho frío. Ese es el panorama con el que la Administración autonómica recibe en Alicante a los menores sujetos a programas de protección. Se trata del Centro de Acogida de Menores de L"Alacantí, un desvencijado edificio, antaño residencia de religiosas, que ahora se cae a pedazos. Todo en el edificio presenta una pátina de tocino rancio que viene a confirmar que los criterios economicistas aplicados por el Consell, según para qué cosas, se traducen aquí en puro abandono. Para garantizar la necesaria discreción y respeto a la intimidad de los internos, en la fachada del viejo inmueble, construido en la primera mitad del siglo, nada indica el servicio que se presta en su interior, oculto a la vista de curiosos por una valla de considerable altura. Traspasar la puerta de entrada impacta. El vestíbulo anuncia la cutrez generalizada, mil veces denunciada pero nunca atendida por la Consejería de Bienestar Social. Las visitas de particulares al centro están prohibidas. La entrada al interior del periodista fue posible gracias a la colaboración de la parlamentaria socialista Francisca Benabent. El PSPV incluirá en su programa electoral de Alicante propuestas concretas para superar la situación de este centro de acogida, según adelanta el candidato a alcalde José Antonio Pina, que esperó en el exterior del edificio. De bien poco han servido las constantes denuncias sobre el estado del edificio, políticas y oficiales, que se han sucedido durante los últimos años. Una interpelación parlamentaria de la oposición registrada en las Cortes Valencianas a finales del año pasado consiguió, al menos, que la consejera de Bienestar Social, Marcela Miró, ordenara un lavado de cara a las instalaciones. Las habitaciones de hasta nueve camas se han reconvertido en pequeños cuartos compartidos por los internos, separados por tabiques de escayola, y una buena capa de pintura disimula las grietas. Hasta ahí alcanzó la reacción gubernamental. Pasar frío El parcheo, sin embargo, no ha conseguido el deseado cambio de aspecto. Como ya señaló el Síndic de Greuges en un informe emitido en mayo de 1998, la estructura misma del inmueble es "poco adecuada" para el ejercicio de su cometido. No reúne condiciones de habitabilidad y carece de medidas de seguridad en la zona donde conviven los más pequeños, salas polivalentes de estudio y juegos. A esta situación, de por sí grave, se suma la constatación de que los menores acogidos pasan frío. Los funcionarios intentan reproducir en ese espacio un clima cálido de convivencia familiar, pero el cometido es harto difícil cuando ni siquiera los elementos acompañan. A la hora del estudio, muchos prefieren hacerlo en la cama, cubiertos por las cuatro mantas necesarias para hacer frente a la humedad y las bajas temperaturas durante el invierno. Es probable que para el próximo invierno los pasillos dispongan de calefacción. Del resto de dependencias no se sabe nada. A la Residencia Comarcal L"Alacantí, como se denomina oficialmente el centro de acogida, acuden menores a partir de seis años que necesitan protección oficial. Han sido objeto de malos tratos, vejaciones o abandonos. Pertenecen a familias desestructuradas, a menudo inmersas en problemas de drogadicción, con parejas por lo general separadas. En definitiva, se trata de niños y adolescentes con un alto nivel de conflictividad, a los que ampara la Administración autonómica para garantizar una adecuada protección, nutrición y formación intelectual y cívica para que puedan enfrentarse al futuro en condiciones de igualdad con el resto. Internos mayores de edad Oficialmente, pueden permanecer allí hasta los 16 años, e incluso hasta los 18 años en casos especiales, pero la realidad es bien distinta, y se han dado casos de internos con los 30 cumplidos sin saber a quién acudir. No son hechos aislados. El centro dispone de capacidad para 30 internos y nueve menores que acuden a él en régimen de centro de día, que regresan a sus casas para dormir. Pese a que el grado de marginalidad aumenta en Alicante y el resto de ciudades, agudizado en parte por el fenómeno de la inmigración, desde 1990 han sido cerrados cinco centros de atención en la provincia, lo que ha llegado a producir problemas de hacinamiento en alguna ocasión. El desamparo jurídico agrava la situación. Si los más pequeños fueran declarados oficialmente en estado de abandono, podría tramitarse su adopción, pero no es el caso. El Consell mitiga la carencia de plazas a golpe de convenios con entidades privadas especializadas en acogida y tratamiento de menores. Otra forma de parchear, sobre todo si no se ponen en marcha programas de prevención. El sistema no funciona, y muchos de los actuales acogidos en el centro parecen condenados a ingresar en la prisión de Fontcalent cuando educadores, psicólogos y trabajadores sociales dejen de atender su situación.