El silencio y las preguntas
Después de anunciar a los medios de comunicación las sospechas de que el anestesista Juan Maeso, "consumidor de opiáceos", según sus propias palabras, había incurrido en una mala praxis médica, el consejero de Sanidad extendió sus críticas hacia el colectivo médico, a quien acusó de "corporativismo". Farnós llegó a emplear la expresión "conspiración de silencio" por lo que consideraba una clara ocultación de lo ocurrido. Después de interrogar a un buen número de facultativos, la Unidad de Evaluación Sanitaria y Calidad Asistencial (UESCA) abrió expediente a 13 médicos, entre ellos al anestesista. Diez de los expedientes se incoaron por no informar de la existencia de casos, dado que la hepatitis C está catalogada como Enfermedad de Declaración Obligatoria. Todos ellos han sido archivados finalmente y sólo a un facultativo, Vicente Costa, se le impuso una multa como responsable de la clínica Casa de Salud, de cuyo equipo directivo forma parte. Los tres expedientes sancionadores sin resolver, pese a las sucesivas propuestas de archivo y sobreseimiento por parte de los intructores, afectan, además de a Maeso, a dos superiores suyos con cargos de responsabilidad tanto en la Casa de Salud como en el hospital La Fe, Rafael Montero y Miguel Herráiz. Mañana, a las 12.45 horas, está previsto que se constituya en las Cortes la comisión de investigación de la hepatitis C, creada el pasado 3 de diciembre a propuesta de Esquerra Unida-Els Verds, con el apoyo del PSPV y UV y el voto en contra del Partido Popular. Los parlamentarios ya han anunciado que solicitarán la comparecencia de varios facultativos y cargos de la Consejería de Sanidad, a fin de aclarar fundamentalmente las fechas en las que las autoridades sanitarias tuvieron conocimiento del brote. Desde que la noticia saltó a los medios de comunicación, son muchas las dudas generadas. La oposición, que forzó la comparecencia del director general de Salud Pública, Francisco Bueno, en las Cortes Valencianas, quiere saber qué ocurrió exactamente a principios de febrero de 1998 con una supuesta llamada desde la clínica Casa de Salud, en la que el catedrático de Microbiología, García de Lomas, mantuvo una conversación con Bueno en torno a un médico afectado de hepatitis C. Aclarar las contradicciones entre algunos testimonios -si la dirección de La Fe sabía algo antes que la consejería-, dilucidar si las alarmas de vigilancia epidemiológica funcionaron o no, y depurar las responsabilidades políticas que puedan derivarse del brote, son algunos de los asuntos todavía por resolver. El debate sobre la compatibilidad entre sanidad pública y privada y sobre los controles periódicos al personal sanitario sigue abierto.
