Los consumidores piden que cada usuario reciba 18.000 pesetas por las tasas del gas
La Organización de Consumidores y Usuarios vasca (EKA) aboga por una devolución media de 18.000 pesetas por usuario a causa del sobreprecio de las tasas de alta e inspección del gas natural en las instalaciones domésticas. Aunque sigue defendiendo que se debería abonar la cantidad íntegra, apunta: "Entenderíamos correcto el cobro de una pequeña cantidad similar a lo estipulado por las empresas eléctricas". Tras el anuncio inminente de las devoluciones, EKA considera que se ha logrado "una solución aceptable".
EKA repasó ayer este controvertido asunto, iniciado formalmente hace ya más de un año, con la presentación de denuncias administrativas contra las empresas de gas por cobros indebidos. La polémica se disparó al conocerse las distintas tarifas en cada territorio por iguales servicios de alta e inspección -desde 6.000 pesetas en Vitoria hasta 23.000 e incluso 26.000 en Vizcaya-, una labor que consiste sólo en verificar las condiciones de la instalación, pero después de que esta misma labor haya sido realizada por un instalador autorizado. Esta asociación recordó que los primeros contratos datan de 1989 y el cobro por estos servicios se limitaba entonces a 1.000 pesetas. "A finales de ese año suben hasta 10.000 y nueve meses después, a 18.000. Desde entonces las subidas se han ido produciendo aunque no tan escandalosamente", dijo Koldo Nabaskues, presidente de EKA. La resolución elaborada por el Gobierno vasco para responder a 11.400 familias que han reclamado el sobreprecio es aceptable, según este colectivo. "No estamos de acuerdo en el envoltorio y que no concrete la cantidad que se debe devolver, pero se reconoce que los cobros son indebidos y además, como han anunciado las compañías, se va a devolver a todos, hayan reclamado o no", señaló Nabaskues. EKA mantiene que se debería devolver todo lo cobrado por el alta e inspección "incluidos los intereses de demora", pero asume "una devolución parcial". A su juicio, la cantidad correcta sería entre 4.000 y 5.000 pesetas, lo que supondría un reintegro medio de 18.000 pesetas. "Podemos estar hablando de 140.000 usuarios y si lo multiplicamos por 18.000, estamos hablando de miles de millones". En concreto, la cantidad podría rondar los 2.500 millones, aunque las compañías suministradoras insisten en que no disponen de la cifra global. Este colectivo se mostró crítico con el decreto elaborado por el Gobierno vasco -anunciado hace casi un año para regular la situación-, que fijará en un futuro los precios. A su juicio, el documento, que elimina la tasa de inspección y determina 10.072 pesetas por el alta, debería incluir "la fórmula por la que se llega a esas 10.000 pesetas. Además, no es un trabajo que requiera hora y cuarto sino un cuarto de hora como hemos comprobado". EKA, al igual que otras asociaciones de consumidores, ha interpuesto alegaciones al borrador de decreto, cuya entrada en vigor no tiene fecha conocida. Nabaskues destacó que el trabajo de su asociación "ha conseguido una solución aceptable para los consumidores" y realizó un reconocimiento de la labor de HB -formación que sacó a la luz pública la polémica en enero de 1998- "realizada barrio por barrio" y el Ararteko, que considera ilegal los cobros.
La Cámara de Comercio de Bilbao ejercerá de mediadora en el conflicto del butano
La Cámara de Comercio de Bilbao ejercerá de mediadora en el conflicto del butano en Vizcaya. Ocho días después de la huelga iniciada por los transportistas en demanda de una mayor subida de tarifas, tanto la comisión de seguimiento que se ha creado -formada por cuatro departamentos del Gobierno vasco- como la empresa que distribuye el butano y los transportistas han aceptado el papel mediador de la Cámara, según informó ayer la consejería de Industria, Consumo y Comercio. La comisión de seguimiento propuso a la Cámara de Comercio "tras considerar el conflicto como no laboral". Mientras, la Ertzaintza proseguirá hasta hoy con la escolta a los transportistas dispuestos a distribuir las bombonas de butano. Tras la protección a cuarenta camiones el pasado jueves, ayer se escoltó a un total de 52 y, según los datos del Gobierno, para el mediodía se habían efectuado un total de 81 servicios. El Ejecutivo sostiene que, con la distribución prevista hoy, se asegura el suministro necesario hasta el próximo martes. La comisión de seguimiento ha exigido responsabilidades a Repsol, como distribuidora al por mayor del butano, y ha pedido información sobre sus medios propios de transporte para la distribución, las posibilidades de hacerlo por otros medios y las previsiones para evitar una situación similar. Repsol tiene subcontratada la distribución con la empresa Elkartrans, que ha sido acusada de irregularidades como un contrato ilegal y su escasa solvencia. El conflicto se suscitó cuando los transportistas exigieron una subida de tarifas de un 35% y Elkartrans ofrecía un 6%.
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