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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Huida hacia adelante

EL RIDÍCULO que ayer hicieron los nacionalistas en el Parlamento vasco debería servir para que alguien con autoridad entre ellos propusiera pararse cinco minutos a pensar antes de proseguir la alocada carrera en que están empeñados.La resolución de la Audiencia Nacional sobre Josu Ternera es discutible. Así lo decíamos en el editorial publicado aquí hace dos días. Pero convertir esa opinión en motivo para un enfrentamiento institucional entre el Parlamento vasco y la Audiencia Nacional es una irresponsabilidad. Hacerlo con el argumento de que se trata de una resolución anticonstitucional, y acusar al tribunal de prevaricación -de actuar movido por un "impulso político"-, más que ignorancia revela un ciego apasionamiento. A partir de ahí, el plante de los diputados de la mayoría nacionalista al Parlamento para no perder votaciones indica que alguien ha perdido el sentido del ridículo.

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Es discutible que la ley limite la actividad parlamentaria de un diputado en prisión provisional a su toma de posesión y al pleno en el que se constituye la Cámara. Pero también lo sería que pudiera mantener una actividad parlamentaria normal. Contra el precepto legal que establece limitaciones para los presos procesados por terrorismo ya presentó recurso de inconstitucionalidad el Parlamento vasco, pero no prosperó. Por supuesto, se puede disentir de una resolución del Tribunal Constitucional, pero no puede decirse que fuera una decisión arbitraria. Está argumentada, matizada, y abre paso a excepciones, como la que permitió a Urrutikoetxea tomar posesión de su cargo y participar en la sesión de investidura del lehendakari Ibarretxe. La interpretación de la Audiencia Nacional ha sido que la excepción no incluye su presencia en las comisiones parlamentarias. El mismo criterio se ha aplicado a José Antonio Etxeberría, el otro preso electo en las listas de Euskal Herritarrok.

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La declaración que los nacionalistas pretendían hacer asumir a la Cámara vasca llevaba la confusión de sus promotores al extremo de afirmar que la resolución de la Audiencia Nacional "ignora la voluntad de este Parlamento y de la sociedad vasca". Aparte de la fatuidad de que partidos que agrupan al 54% de los votantes se atribuyan la representación de toda la sociedad, es bastante insólito pretender que las resoluciones judiciales tengan que atenerse al criterio del Parlamento o de la opinión pública. Sobre todo, resulta bastante poco indicado en un país en el que lo más urgente es hacer comprender a la minoría antisistema que no basta creer intensamente en las propias razones para que todos los demás tengan que asumirlas (por las buenas o por las malas).

El nacionalismo democrático ha adoptado una dinámica de adaptación creciente a los planteamientos y estilo de hacer política de sus nuevos amigos de EH, y no sabe cómo parar. En la duda, prosigue la fuga hacia adelante a sabiendas de que cada concesión llevará a una nueva claudicación, siempre en el mismo sentido. Ello refuerza la sensación de poder de EH, que no duda en subir la dosis de la provocación. Ya lo fue la designación de Josu Ternera para la comisión, precisamente, de derechos humanos; como el desafío fue asumido y hasta justificado por los otros nacionalistas, los de EH se creyeron ayer con derecho a ausentarse en protesta porque el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, no cedió a la pretensión de saltarse el reglamento.

Como el ciclista que no puede dejar de pedalear, los nacionalistas democráticos participan abiertamente en iniciativas cuyo único sentido es el de deslegitimar las instituciones de autogobierno. Ayer, paradoja máxima, boicotearon el Parlamento vasco. ¿No habrá nadie capaz de detener esa dinámica alocada?

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