4.000 familias serán beneficiarias de las nuevas indemnizaciones por terrorismo

La proposición de ley que ultima el Gobierno para indemnizar a las víctimas de actos terroristas afectará a las familias de 1.000 fallecidos y a las de más de 3.000 heridos, según estimaciones de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Esta asociación ha anunciado que vigilará para que no haya ningún tipo de discriminación entre las víctimas en razón a la fecha en que sufrieron el atentado o por el grupo que lo causó. Además, batallará para que se incluya entre los beneficiarios a las familias de los 78 fallecidos el 12 de julio de 1979 en el incendio, nunca aclarado, del hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, que aún no han percibido "ni una peseta".

Luis Delgado y Paulino Baena, secretario general y portavoz de la AVT, respectivamente, se mostraron ayer satisfechos por la "buena disposición" del Gobierno al comprometerse a elaborar una ley para que las víctimas del terrorismo reciban indemnizaciones de carácter civil. Éstas son completamente diferentes de las indemnizaciones de tipo administrativo que ya abona el Ministerio del Interior.El objetivo de la nueva ley es posibilitar que el Estado adelante a las familias las cantidades que deben pagar los autores de los atentados en concepto de responsabilidad civil e, incluso, que aquellas opten a compensaciones económicas en caso de que no haya sentencia judicial por no haber sido detenidos los causantes del atentado. "Pero a nadie se le va a obligar a renunciar a sus derechos; quien quiera seguir reclamando al terrorista, aun a sabiendas de que tiene difícil cobrar la indemnización, podrá hacerlo, siempre y cuando no la haya cobrado ya del Estado", explicó Baena.

"Esperemos que no sea un nuevo brindis al sol y que no se trate de otro parche", dijo Delgado, quien el pasado miércoles se entrevistó con el vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos. Delgado, padre de un niño asesinado en un atentado de ETA el 22 de noviembre de 1988, insiste en que la AVT pretende que no haya "ninguna discriminación" y que se acabe con las que existen en la actualidad. Por ejemplo, las pensiones que perciben las víctimas de atentados ocurridos antes de enero de 1985 tienen una cuantía muy inferior a las que reciben los perjudicados por hechos similares ocurridos después de esta fecha. "En ocasiones hay una diferencia de más de 100.000 pesetas al mes", señaló Delgado.

Dado que el proyecto legislativo está todavía en elaboración, nadie puede precisar el número de personas a las que afectará ni el dinero que les corresponderá. El Ministerio del Interior y la AVT discrepan en el balance de víctimas causado por ETA: mientras el Gobierno reconoce 769 muertos desde el año 1968, la asociación eleva esta cifra a 808, pese a no incluir a los 78 fallecidos en el nunca aclarado incendio del hotel Corona de Aragón.

Delgado afirma que las familias de las personas que perecieron en el incendio, ocurrido hace 20 años, "no han cobrado ni una peseta" del Estado ni de la aseguradora del hotel, al no haberse establecido si lo sucedido fue un accidente o un atentado de ETA. Los sucesivos Gobiernos han desoído hasta ahora una recomendación que hizo el Consejo de Estado en 1990 para que el Estado indemnizara a los familiares.

Los directivos de la AVT abogan por que no se discrimine a ninguna víctima, bien sea de ETA, GRAPO, GAL, bandas ultraderechistas, extremistas islámicos u organizaciones implicadas en la guerra sucia. El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, anunció el pasado noviembre que su departamento ya estaba tramitando 18 solicitudes de ayuda administrativa para perjudicados por los GAL.

El Gobierno no tiene decidido aún cómo obtendrá los 60.000 millones que la AVT estima que se necesitarán para afrontar las nuevas indemnizaciones.