El PP veta el debate en el Parlamento andaluz de una iniciativa socialista sobre política de pensiones
El PP vetó ayer que el Parlamento andaluz debata en el próximo pleno una iniciativa del PSOE sobre política de pensiones, que por ser competencia exclusiva del Estado, necesita de la unanimidad de todos los grupos de la Cámara para ser incluida en el orden del día. Este nuevo encontronazo reaviva la polémica entre PSOE y PP sobre las pensiones, después de que el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, anunciara que busca una base legal para recurrir el decreto de la subida de las pagas que gestiona la Junta. El presidente andaluz, Manuel Chaves, se mostró seguro de la legalidad de su medida, y dijo: "Será difícil explicar que un Gobierno que gira al centro quiera recurrir un tema social".
Los socialistas opinan que los gestos adversos de los populares hacia los pequeños avances de sectores claramente desfavorecidos -contramedicamentazo, jornada laboral de 35 horas y pensiones- no harán otra cosa que contribuir a la publicidad de las medidas que ha adoptado la Junta, y reabrir debates que estaban ya cerrados y amortizados, con un saldo positivo para el PSOE. También, a su juicio, evidenciarán que el recién estrenado giro al centro del PP es sólo una operación de mercadotecnia. En este sentido, Chaves señaló: "Desde un punto de vista de la solidaridad es incomprensible que el Gobierno central pueda recurrir esta decisión, cuando las pensiones que sube un 1,8% la Junta no superan las 37.000 pesetas". El presidente andaluz añadió que su gabinete tiene muy estudiada la legalidad del incremento de las pensiones. De hecho, el propio Javier Arenas, días antes de dejar el Ministerio de Trabajo para ocupar la secretaría general del PP, reconoció la dificultad de recurrir el decreto de la Junta - que contará con mayor respaldo legal cuando se apruebe la ley andaluza de mayores-, y optó por enviar una carta a los pensionistas, y por pagar anuncios en prensa para recordar que las pensiones son competencia del Gobierno central. La Consejería de Asuntos Sociales no ha perdido ni un minuto en difundir sus apuestas y logros y ha editado un calendario de mano en el que se detalla la cuantía de las pensiones no contributivas y asistenciales (las que gestiona la Junta) en pesetas y en euros. El incremento no es extraordinario y tiene carácter consolidado. En las recetas de los fármacos excluidos por la Seguridad Social en el medicamentazo, y que financia la Junta, también se puntualiza quién paga las medicinas. Los parlamentarios socialistas se mostraron "sorprendidos" por la negativa popular a admitir el debate de la iniciativa de las pensiones, sobre lo que, dijeron, no hay precedente, habida cuenta de que infinidad de temas que no son de ámbito estrictamente andaluz se han discutido en la Cámara en ésta y las anteriores legislaturas. El portavoz del PP, Manuel Atencia, se limitó a alegar que la iniciativa debe llevarse a la Cortes. Atencia dijo que a lo mejor el PSOE no quiere discutir este asunto en el Congreso y pidió un máximo consenso, como ocurrió en el Pacto de Toledo. El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, aprovechó para insistir en que es una lástima que el giro al centro no haya servido para "aumentar la sensibilidad del PP en los problemas reales", y subrayó su perplejidad en cuanto al rechazo a tratar algo que está en la actualidad más palpable de Andalucía. La proposición no de ley, anunciada por Manuel Chaves cuando su Gobierno aprobó la subida de las pensiones que gestiona, insta al Parlamento autonómico a expresar su decisión de contribuir a un debate nacional sobre política de pensiones. Según reza la iniciativa, esta discusión, a través del diálogo entre sindicatos y patronal, debe conducir a que las pensiones de la Seguridad Social se acerquen de forma progresiva al salario mínimo, y las pensiones no contributivas y asistenciales crezcan también anualmente. Un segundo punto insta al Gobierno andaluz a adoptar medidas para contribuir, desde su ámbito, a los objetivos, así como que el Gobierno central y el Congreso impulsen el debate. Recurso al presupuesto Por otra parte, el pleno parlamentario del próximo miércoles debatirá la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los ingresos asignados para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado para 1999, con lo que será la tercera vez en esta legislatura. Los socialistas, que han presentado esta proposición, argumentan que el Gobierno central no ha tenido en cuenta a los 383.715 andaluces incluidos en el último censo de población. El recurso se aprobará -cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara- en primer pleno extraordinario del nuevo periodo de sesiones.
