El Supremo confirma la suspensión de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto

La legalidad de la restauración acometida en el Teatro Romano de Sagunto sigue en el aire. Los magistrados del Tribunal Supremo (TS), que han ratificado la paralización de las obras auspiciadas por la Generalitat, eluden cualquier pronunciamiento sobre la validez del proyecto ideado por Manuel Portaceli y Giorgio Grassi. Los seis jueces que han elaborado la sentencia se limitan a señalar en su fallo, hecho público ayer, la conveniencia de mantener la paralización de las obras en coherencia con la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El máximo tribunal valenciano anuló la rehabilitación del coliseo al entender que violaba la ley estatal de Patrimonio Histórico.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestima en apenas seis folios la impugnación del Ayuntamiento de Sagunto, que recurrió el auto del TSJ que decretó la suspensión de la restauración del Teatro Romano en mayo de 1993, cuando las obras estaban, a falta de algunos detalles, concluídas. La Generalitat, que también recurrió la decisión del tribunal valenciano, se apartó del procedimiento con la llegada de la coalición PP-UV al Consell. Los jueces entienden que la falta de petición de una fianza que cubriese los posibles perjuicios causados por la detención de las obras no revoca la decisión del TSJ, consideran que la invalidez del proyecto de restauración también anula la licencia de obras concedida por el consistorio y creen "improcedente" solicitar nuevas pruebas en la dilucidación de un recurso. De "importante" a "nimio" Además, el TS cree acertado y coherente que, una vez anulado el proyecto, las obras no continuen. "La anulación de un acto implica la nulidad de todos aquellos posteriores que se basen en él", aducen los magistrados. "El auto recurrido no ha hecho otra cosa que obtener de la sentencia las consecuencias implícitas en su pronunciamiento de anulación", añade el fallo. A pesar de que los magistrados obvian cualquier opinión acerca de la validez del proyecto, impulsado en 1984 por el gobierno autonómico entonces encabezado por el socialista Joan Lerma, los litigantes interpretaron de manera muy diferente tanto el resultado como el contenido del fallo. Juan Marco Molines, abogado y ahora diputado autonómico del PP, no ocultaba su satisfacción. "Hemos ganado una batalla muy importante. La decisión del TS puede ser un precedente a utilizar por los magistrados a la hora de decretar la ilegalidad de las obras de Sagunto". Marco Molines denunció ante los tribunales, a título personal, el proyecto de Portaceli y Grassi. Mientras, José Luis Martínez Morales, representante legal del Ayuntamiento de Sagunto, insistía en minimizar la importancia de la resolucion del TS. "A estas alturas es de todo punto irrelevante mantener o levantar la paralización de las obras, que están casi acabadas". La misma sala del alto tribunal que ha resuelto este asunto será la encargada de aclarar, en principio, no antes de un año, si la restauración del coliseo es legal. "Esa es la cuestión importante. Ahora, cualquier otra cosa resulta nimia e intranscendente", apunta Martínez Morales. Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto manifestó, por paradójico que resulte, su alegría por el fallo. Alfredo Castelló, portavoz del PP en el consistorio, instó a sus compañeros en el equipo de gobierno -UV, UPV y un grupo independiente, la Candidatura Independiente por Sagunto (CIPS)- "a reflexionar sobre la absoluta temeridad que supone, tal como demuestra este fallo, mantener el recurso contra la legalidad de las obras". El PP siempre se opuso a un proyecto apoyado por el gobierno socialista de Sagunto y, posteriormente, respaldado por José García Felipe, el alcalde del CIPS que concedió una licencia de obras en el coliseo. Ahora bien, si el consistorio desistiera de seguir con el recurso la resolución del TSJ sería, automáticamente, firme. Este tribunal decretó la ilegalidad de las obras del monumento, que data del siglo I, al considerar que las obras infringían la Ley de Patrimonio Histórico. El proyecto de Portaceli y Grassi es "una reconstrucción de un teatro a la manera de los romanos sobre las ruinas del auténtico" y no una restauración, apuntaron los jueces. El TSJ trasladó al TS la decisión de demoler las obras, tal y como demandó Marco Molines.