El Gobierno cree que Boliden ha decidido abandonar la mina de Aznalcóllar

El Gobierno está convencido de que la multinacional Boliden ha decidido no reabrir la mina de Aználcollar (Sevilla), en la que se produjo el vertido tóxico que afectó al entorno de Doñana. A "la lentitud e incoherencia" con las que la empresa presentó, a juicio del Ministerio de Medio Ambiente, los documentos para reabrir la mina, se añade ahora la prevista venta de acciones por parte del grupo empresarial. La situación ha obligado a la ministra Isabel Tocino, que ayer se reunió con el comité de empresa de la mina, a manifestar que el Gobierno "no quiere que la empresa tenga ninguna excusa para decir, como se ha insinuado, que se la echa". Un portavoz de Boliden aseguró que la firma desea continuar con la mina.

Para el Ministerio de Medio Ambiente, el primer indicio de que Boliden no tenía interés por continuar en Aznalcóllar se produjo con la entrega dispersa de documentación para la reapertura de la mina. La solicitud se presentó el 6 de noviembre, y desde entonces ha remitido 24 paquetes de documentos, algunos en inglés, como el registrado el 28 de diciembre por la consultora Golder Associates o los entregados dos días después de que se reuniera el Patronato de Doñana para emitir su informe sobre la reapertura."Esta actuación se contradice con las exageradas afirmaciones formuladas por la empresa de que las administraciones son lentas. ¡Cómo vamos a ser rápidas si no se nos entrega la documentación!", afirma un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

Tanto el ministerio como la Junta de Andalucía quieren a toda costa garantías de que la balsa que reventó quede completamente sellada a 20 o 30 años vista, y que la corta (mina a cielo abierto) en la que se depositarán los residuos estériles cuando se reanude la actividad esté impermeabilizada.

"Hace falta un sellado en superficie, de modo que el agua de lluvia no pueda acumularse y acabe arrastrando al subsuelo restos de los lodos sólidos tóxicos que allí están depositados", añade la misma fuente.

Expertos del ministerio consideran "seria" la trayectoria de Boliden, pero las noticias que llegan de la empresa desde Canadá y Suecia abonan las sospechas de su pérdida de interés por mantenerse en Aznalcóllar. El desastre del 25 de abril ha caído como una losa sobre su imagen ante los mercados financieros.

Dos accionistas han presentado una querella contra Boliden en Canadá por la pérdida a la quinta parte del valor de compra de sus acciones, debido a que en la información de la oferta pública de acciones realizada en 1997 se les ocultó que Boliden había sido acusada en 1994 en los juzgados por verter ácidos y tenía dos expedientes por sendas infracciones al medio ambiente. Este mismo mes, 90 de los 450 empleados de la mina Myra Falls que explota en Vancouver irán al paro. Se cierra durante varios meses para mejorar las condiciones de trabajo. Otros 273 mineros perderán su empleo al cerrarse la mina Gibraltar Copper en la Columbia Británica porque Boliden no ha encontrado financiación suficiente para ponerla en marcha.

La crisis minera en Canadá ha coincidido con el anuncio de Trelleborg de desprenderse del 42% que mantenía en Boliden y cedérselo a sus accionistas. Simultáneamente, Trelleborg ampliará el capital de Boliden para financiar la ampliación de su planta en Ronnskar, al noreste de Suecia, que va concentrar su actividad minera en la fundición de minerales, tarea en la que invertirá 35.280 millones de pesetas en los próximos cinco años, según la agencia Infomine.com, que opera en Internet.

Pese a esta trayectoria, el portavoz de Boliden en España, Alejandro de Antonio, aseguró ayer que la empresa sigue apostando por la reapertura de Aznalcóllar una vez consigan los permisos. El comité de empresa se desplazó a Madrid para despejar dudas ante el secretario de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel. Tras incorporarse a la reunión, la ministra aseguró que el Gobierno es favorable al reinicio de la actividad "siempre que se cumplan las garantías medioambientales".

Si no se autoriza, el alcalde de Aznalcóllar, Francisco Vázquez, advirtió que las dos administraciones tendrán que buscar alternativas. La intención del Ayuntamiento es seguir movilizándose para que "la opinión pública sea consciente de la incertidumbre que atraviesa la población".