Telefónica denuncia al Gobierno ante la UE por impedirle subir las tarifas locales

Telefónica denunció el pasado diciembre al Gobierno español ante la Comisión Europa por incumplimiento de las directivas comunitarias sobre "reequilibrio tarifario que debería haberse realizado antes de abrir el sector a la competencia", según la operadora. La Comisión, que admitió de oficio la denuncia, solicitó información al Ministerio de Fomento y, a petición de éste, amplió el plazo de respuesta un mes hasta el 11 de febrero.

El vicepresidente ejecutivo de Telefónica, Javier Revuelta, afirmó ayer en Madrid que "el reequilibrio [de tarifas], según las directivas comunitarias, debería haberse realizado antes de abrir el sector a la competencia, por lo que Telefónica ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea sobre el incumplimiento de las obligaciones del Estado español en esta materia".La denuncia fue confirmada después por el portavoz del comisario de la Competencia, Karel van Miert, que aseguró que la Comisión la ha aceptado de oficio. Explicó que la compañía se queja de que el Gobierno no le permite "reequilibrar las tarifas, es decir, reducir el precio de las llamadas internacionales, pero compensarlo aumentando el de las llamadas locales". Telefónica empezó a reducir las tarifas internacionales tras la entrada de la competencia (primero Retevisión y ahora otros operadores como Uni2) y subió la cuota de abono y el precio de las llamadas locales mediante la nueva fórmula de facturación por minutos.

La denuncia fue presentada en diciembre pasado. Una vez admitida, Bruselas requirió al Ministerio de Fomento español para que remitiera información y su versión. El departamento que dirige Rafael Arias-Salgado pidió un mes más para recabar información. El nuevo plazo vence el 11 de febrero.

"Las denuncias contra Estados están contempladas en al artículo 90 del Tratado y son bastante habituales", precisó el portavoz. Ese artículo consagra que "los Estados miembros no pueden adoptar medidas contra la libre competencia ni a empresas públicas ni a aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos". Reconoció que los antiguos monopolios necesitan aumentar las tarifas de las llamadas locales para hacer frente, sin pérdidas, a la competencia de los nuevos operadores en llamadas internacionales. "Los antiguos monopolios suelen tener precios muy por encima de coste en las llamadas internacionales para compensar las inversiones que han realizado en las redes locales", explicó.

El reequilibrio que demanda Telefónica consiste, básicamente, en una subida de las llamadas locales y de la cuota mensual de abono. Según Revuelta, el servicio local y el acceso a la red, que se financia con la cuota mensual (ahora de 1.442 pesetas) ofrecieron resultados negativos de 30.000 y 180.000 millones de pesetas, respectivamente, en 1997. Según Telefónica, la cuota mensual es la segunda más baja de la UE y "la tarifa metropolitana es la más baja de los países avanzados de nuestros entorno".

Revuelta, que abría ayer unas jornadas sobre la liberalización de las telecomunicaciones organizadas por APD, descalificó la gestión del ministro de Fomento, criticó a los competidores y pidió a los reguladores libertad para que Telefónica pueda reequilibrar sus tarifas. Revuelta cuestionó el modelo seguido para terminar con el monopolio de Telefónica y condenó "la asimetría regulatoria", que favorece a algunas empresas y perdujica claramente a Telefónica, según su criterio.

"Telefónica no puede competir con el BOE", afirmó. "Además de la rapidez [con la que se ha afrontado la liberalización], una segunda característica ha sido la falta de un modelo completo, que fuera debatido por todos los agentes sociales", dijo. No es la primera vez que se enfrentan Telefónica y Fomento. Mantienen un contencioso en la Audiencia Nacional por las tarifas de interconexión fijadas por el ministerio y que la empresa considera excesivamente altas y beneficiosas para los competidores que utilizan su red. La falta de información e ideas sobre los objetivos de la liberalización "han añadido", según Revuelta, "confusión e incertidumbre a un sector clave de la economía y ha contribuido a retraer las inversiones de los agentes que están realmente interesados en desarrollar nuevas infraestructuras y servicios".