El subgobernador del Banco de España acusa a Conde de engañar a los inversores

El subgobernador del Banco España, Miguel Martín, declaró ayer, durante su comparecencia como testigo en el caso Banesto, que el anterior equipo gestor de la entidad, encabezado por Mario Conde, engañó a los inversores en la macroampliación de capital efectuada en verano de 1993. Martín descalificó de forma contundente la gestión de Conde, acusó a su equipo de falsear las cuentas y desveló que el ex banquero pidió seis meses de plazo para abandonar la presidencia de la entidad cuando se le anunció que ésta iba a ser intervenida por el Banco de España.

Cuatro horas largas, con una segunda parte que se producirá en la tarde de hoy. La declaración como testigo del subgobernador del Banco de España era una de las más esperadas en el caso Banesto. Y no defraudó.Desde el primer momento, Martín y los abogados defensores mantuvieron una guerra sin cuartel. Especialmente llamativo fue el primer duelo, el sostenido entre el subgobernador y el abogado de Rafael Pérez Escolar, Rafael Castrillo, en cuyas preguntas se adivinaba la mano y hasta la literatura de su cliente. Tan tensa fue la situación que Martín llegó a decirle a Castrillo que le preguntara, pero que no le ofendiera o a recomendarle que aprendiera lo que se entiende por fondo de comercio.

Fue en esta fase de la declaración, que duró casi dos horas, cuando el subgobernador largó sus primeras y contundentes andanadas contra el equipo de Conde. En su opinión, engañó a los inversores que acudieron a la macroampliación que puso en el mercado la entidad en el verano de 1993, puesto que no presentaron la situación real del banco.

Esta respuesta dio pie a que el abogado de Conde, Juan Sánchez Calero, le preguntara cómo explica que en esa situación el expresidente de Banesto hubiera realizado una gran inversión acudiendo a la ampliación. La respuesta de Miguel Martín fue contundente: "Yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en su situación y si fuera como él".

Abandono en seis meses

El subgobernador del banco emisor también subrayó que la gestión del anterior equipo de Banesto se caracterizó por aplicar "una contabilidad creativa alejada de la realidad" y por una "imprudente" política de inversión crediticia.No obstante, su mayor crítica se centró en el último plan de viabilidad presentado por los gestores de Banesto pocos días antes de que el Banco de España decidiera sustituirlos, lo que se produjo el 28 de diciembre de 1993.

Dicho plan de viabilidad fue definido hace poco más de dos semana por el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, como "el cuento de la lechera". Ayer, su segundo dijo que el plan "era humo (...) Era una pura manipulación contable de las cifras y no contenía una sola medida de gestión que dependiera de Banesto. Además, no tenía sustancia y ocultaba información", declaró. Martín relató que todo ello, unido a la negativa de JP Morgan a comprometerse a una nueva y necesaria ampliación de capital, desembocó en la intervención.

En este punto, el subgobernador del Banco de España señaló que en todo momento ofreció a los antiguos accionistas de la entidad participar en el plan de saneamiento, pero éstos se negaron. Martín, a preguntas del abogado de Mario Conde, también abordó la supuesta oferta del banco emisor para buscar un comprador a las acciones de Conde. El subgobernador explicó que no fue el Banco de España sino el propio Conde quien puso sobre la mesa ese asunto, y que lo que sí se planteó fue el traspaso de los derechos políticos de esas acciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Martín explicó que Conde llegó a aceptar que debía abandonar el banco, pero pidió seis meses de plazo. Según Martín, al no aceptarse este plan se ofreció al ex banquero la posibilidad "cordial" de que dimitiera de su cargo, lo que hubiera permitido al Banco de España diseñar un plan de salvación de la entidad.

Antes, y a preguntas del abogado de la Asociación para la Ayuda del Accionistas (ADA), el número dos del Banco de España había afirmado que determinadas operaciones efectuadas por el Español de Crédito respondían a "intereses oscuros" de algunos de sus administradores