El Gobierno piensa recurrir la semana laboral de 35 horas que hoy aprueba Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres, anunció ayer que piensa recurrir el decreto de reducción de la jornada laboral a 35 horas que es de aplicación voluntaria para las empresas, ya que a su juicio supone "un error" y puede impedir nuevas inversiones en Andalucía. Sería la segunda comunidad autónoma que lo haría. El Gobierno, a través de su Delegación en Cataluña, ha decidido recurrir las decisiones de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Tarragona que establecieron horarios de 35 horas semanales para sus funcionarios.

En Andalucía, la Junta tiene previsto aprobar en su reunión de hoy el decreto de reducción de la jornada a 35 horas, que es de aplicación voluntaria en las empresas. José Torres, ha anunciado que podría presentar recurso si el decreto afecta a la función pública, aunque no contra los incentivos para las empresas que apliquen la rebaja de jornada, mientras el sindicato UGT ha amenazado con elevar la conflictividad laboral si al final no sale adelante el recorte de la semana a las 35 horas laborales.. Torres Hurtado aseguró que el decreto por el que la Junta concederá incentivos a las empresas que apliquen las 35 horas de jornada laboral semanal supone "un error" que puede "restar inversiones en Andalucía, además de afectar a la paz social" al constituir una imposición para las empresas que no que no existen en otras zonas del Estado. Torres Hurtado añadió que en caso de que afecte a la función pública el Ministerio de Administraciones Públicas estudiará la interposición de un recurso por la quiebra del principio de igualdad laboral entre los funcionarios del Estado.Ante esa posibilidad, la UGT de Andalucía ha augurado conflictividad si las empresas o el Gobierno impiden que se aplique la reducción de la jornada a 35 horas semanales. El secretario general de UGT, de Andalucía, Manuel Pastrana, advirtió que el Gobierno central "se prepare" para el aumento de la conflictividad coincidiendo con la negociación colectiva de 1999, "si le echa una mano" a los empresarios con medidas contrarias al decreto de las 35 horas semanales.

Pastrana añadió que "si hay mejores instrumentos para crear empleo que los pongan encima de la mesa" porque UGT estaría dispuesta a apoyarlos pero insistió en que este sindicato no permitirá "una nueva versión de pseudo-exclavitud laboral" en alusión a la precariedad laboral de los jóvenes que soportan una tasa de paro en Andalucía del 45%".

El 63% de los andaluces creen que el decreto de la jornada laboral semanal de 35 horas favorecerá la creación de empleo, según los estudios realizados por la Junta y cuyos datos difundió ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. El consejero añadió que estos estudios revelan que el 80% de los andaluces tienen una opinión sobre el decreto que regulará las 35 horas. Preguntado Zarrías sobre el origen de estos datos el consejero señaló que no se trata de una encuesta concreta sobre la semana laboral sino que forma parte de de una serie de estudios que hace de forma periódica la Junta.

Recurso en Cataluña

En Cataluña, el Gobierno a través de su delegación ha decidido recurrir las decisiones de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Tarragona que establecieron horarios de 35 horas semanales. El recurso se interpone al considerar que la Ley de bases de Régimen Local establece que los funcionarios deben tener la misma jornada que los del Estado , es decir 37,5 horas semanales.A pesar de que las decisiones contaban, como en el caso del Ayuntamiento de Tarragona, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas (incluido el PP), el Gobierno ha decidido recurrir por la vía contencioso-administrativa el acuerdo de dos corporaciones locales catalanas favorable a la jornada de 35 horas entre sus funcionarios.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña señalaron que no se trata de una cuestión política, sino que los dictámenes de la abogacía del Estado resolvieron que las decisiones de la Diputación de Barcelona, presidida por el socialista Manuel Royes, y del Ayuntamiento de Tarragona, dirigido por el convergente Joan Miquel Nadal, vulneran la Ley de Bases de Régimen Local.

El artículo 94 de esta ley mantiene que las jornadas laborales de los funcionarios de la Administración local deben ser iguales a las fijadas para la Administración del Estado; es decir, 37,5 horas semanales.