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Reportaje:TRIBUNALES

El Consejo Judicial, alarmado por la indulgencia con jueces de poco rendimiento

Sectores de la judicatura progresista ven "una barbaridad" reponer al juez expulsado por retraso

En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dictado una quincena de sanciones contra jueces por retraso, el caso Lizasoain ha caído como una bomba. "La sentencia es una barbaridad", afirma un vocal del sector minoritario, que no puede aparecer públicamente criticando una sentencia del Supremo. "Estamos muy preocupados, porque no se pueden ejercer funciones disciplinarias si contra eso se une la protección al colega, el corporativismo. Frente a un juez vago, cabe plantearse si son los jueces los que deben cancelar las sanciones a sus pares, pero hay que seguir actuando"."En el Consejo procuramos pasar por alto algunos casos en que un error no intencionado pueda producir una paralización. Pero los casos que sancionamos están por debajo de los módulos de productividad", añade la fuente.

¿Cómo fue posible un caso como el del juez Lizasoain? Todas las fuentes consultadas coinciden en que fue un caso especial, casi patológico. Abogado de profesión, Lizasoain perteneció a la asesoría jurídica de Rumasa, y tras la expropiación accedió a la judicatura por el cuarto turno, por el que ingresan directamente los juristas de "reconocida competencia". Sin ser juez de carrera, tras un corto periplo en Vitoria, fue destinado al Juzgado de Leganés número 1, en el que estuvo alrededor de tres años.

Juicios sin sentencia

"El juzgado, ya de por sí sobrecargado, lo hundió, lo dejó roto, destrozado", afirma uno de los tres jueces de apoyo que tuvieron que dedicarse a ponerlo al día, durante los siguientes tres años. Mario Pestana, juez de instrucción número 9 de Madrid, tiene grabada la cifra de las 425 apelaciones de juicios de faltas que Lizasoain celebró sin poner después la sentencia. Hubo que anular todos los juicios y volverlos a celebrar de nuevo. También tenía entre 300 o 400 asuntos matrimoniales pendientes de resolver, y cuando lo cogió, el juzgado era "un caos total". Sin embargo, este juez recuerda que los funcionarios, en cuanto se les dio confianza, hicieron un trabajo "increíble" hasta sacar el juzgado adelante.Pestana no coincidió nunca con el juez al que sustituyó, pero otros magistrados y funcionarios que estuvieron entonces en Leganés coinciden en que Lizasoain se pasaba la vida en el juzgado, al que acudía incluso los domingos. "Tenía una vocación casi sacerdotal, era siempre el primero en llegar y el último en marcharse". "Madruga mucho para tener más tiempo de no hacer nada", comentaba con sorna uno de sus antiguos colegas de Leganés.

"Lo peor era que ni resolvía, ni dejaba trabajar. Encerraba los expedientes en su despacho, pero, incapaz de tomar decisiones, de poner sentencias, hacía el trabajo que no le correspondía, el del personal auxiliar y el de los agentes". "Escribía de su puño y letra centenares de citaciones a la policía, de oficios, compraba el papel de pagos, llevaba el libro de consignaciones". Entre su personal y sus colegas pasaba por ser un maniático: "Le quitaba las solapas a los sobres del correo y escribía ahí las minutas. O era capaz de obligar a una funcionaria a desgrapar miles de folios si, a su entender, las grapas del expediente no estaban a la distancia adecuada del borde de las hojas".

Uno de los vocales del anterior CGPJ, que firmó su expulsión de la carrera, le recuerda como el típico caso de "bloqueo total": "No sabía ni qué hacer, era un horror. Era como si a mí, magistrado, me meten en una nave espacial y me dicen que la haga funcionar. No sabría ni qué hacer. Pues Lizasoain, igual".

Este periódico intentó ponerse ayer en contacto con el juez Lizasoain, pero en su domicilio indicaron que se encontraba de viaje desde hacía más de una semana y no había dicho cuándo iba a volver.

Mensaje devastador

"La sentencia del Supremo contiene un mensaje devastador", según un magistrado de Jueces para la Democracia, única asociación que la ha criticado sin paliativos. "Viene a decir que, incluso en los casos límite, el sistema funciona como en esa sentencia, que con una pequeña suspensión basta".El ponente de la sentencia, Vicente Conde Martín de Hijas, una de las figuras más renombradas de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y designado magistrado constitucional a instancias del PP, pasa por ser el máximo especialista en este tipo de revocaciones. Hace apenas unos meses, otra ponencia suya anuló la suspensión por un año a otro juez que tenía pendientes de dictar nada menos que 776 sentencias. El juez padecía una depresión, y el tribunal entendió que, en tal caso, el retraso estaba justificado.

A punto estuvo también Martín de Hijas de conseguir revocar la expulsión por un año del célebre juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras y dejar en una simple multa de 100.000 pesetas la revelación a un periódico de datos del sumario de Banesto. Esta vez, sin embargo, los otros magistrados no le secundaron y Martín de Hijas tuvo que conformarse con presentar un elaboradísimo voto discrepante, tres veces más largo que la sentencia.

Los últimos expedientes

La expulsión del juez Lizoasain tuvo lugar en el año 1991 y la sentencia del Supremo es de finales de 1998. Es decir, el Supremo ha tardado más de siete años para resolver un recurso contra una expulsión por retraso, lo que ya de por sí da idea del concepto de retraso que tienen los propios magistrados del Tribunal Supremo.Gracias a esa agilidad, el contribuyente tendrá que costear el sueldo del magistrados durante todo ese tiempo -unos 50 millones, deducido el año de suspensión a que la sanción ha quedado reducida- en vez de tener que pagarle unas vacaciones menos dilatadas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene motivos para estar preocupado, a la vista del rumbo que están tomando las sanciones que impusieron los vocales del anterior. Las sanciones por retraso más graves de las últimamente impuestas son las siguientes:

-Un año de suspensión al juez de lo social de Ceuta Álvaro Espinosa.

-Un año de suspensión a la juez de Roquetas (Almería) Isabel Oliva.

-Un año y medio de suspensión al juez Manuel Buitrago, de Jerez de la Frontera.

-Un año y medio de suspensión a la juez de Coín Águeda González.

-Un año de suspensión al juez de Primera Instancia de Madrid Juan Antonio Gil Crespo.

-Un año de suspensión al juez de Primera Instancia de Barcelona Jesús Fuertes Bolín. Este mismo juez tiene otras dos sanciones de un año de expulsión cada una, ya como magistrado de Girona.

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