La funcionaria de la Audiencia Nacional llegó a falsificar 20 órdenes de libertad

La funcionaria de la Audiencia Nacional Susana G.M. llegó a falsificar alrededor de 20 órdenes de libertad de narcotraficantes, aunque algunas no llegó a remitirlas a las prisiones correspondientes, según fuentes de la Audiencia. Por el momento, oficialmente, el Juzgado Central de Instrucción número 3 reconoce que ha identificado a ocho de los narcos que obtuvieron la libertad por mediación de la funcionaria. No obstante, la juez ha ordenado la revisión de todas las causas que tramita el juzgado.Los presuntos narcotraficantes que la funcionaria puso en libertad y que han sido identificados son: José Luis Rodríguez, Francisco Bernal Guerrero, Manuel Merino Tejero, Manuel García Alpresa, Ignacio Ruiz Jiménez, Ismael Guccu, Elías Unccuoglu y Yasar Karali, españoles los primeros y de origen turco los tres últimos. Entre todos ellos, procesados en varias causas iniciadas en 1997 y 1998 en ese juzgado, introdujeron o traficaron con alrededor de 100 kilogramos de heroína. La juez Teresa Palacios ha ordenado la búsqueda y captura de todos ellos.

La investigación realizada por la propia magistrada y el secretario judicial ha descubierto que en cinco de los casos figuran como constituidas las fianzas que la funcionaria impuso a los narcotraficantes. Todavía no ha podido determinarse si impuso fianzas a los otros tres acusados cuya libertad consta, y si la auxiliar se quedó el dinero. Fuentes de la Audiencia señalan que la idea del trastorno de la funcionaria no es descartable, puesto que se han descubierto otras irregularidades en causas que tramitaba que no tienen ninguna trascendencia pero que son inexplicables.

Uno de los casos que más ha llamado la atención se refiere al envío de un fax falso de un auto, en el que supuestamente el juzgado rebajaría de dos millones a uno la fianza que debería constituir un narco para salir en libertad. Sin embargo, la fianza que realmente había impuesto el juzgado era de 500.000 pesetas, y el acusado salió en libertad tras constituir en Barcelona la fianza. El auto con la rebaja de dos millones a uno carece de sentido aparente, pues el cliente no pagó el millón que figuraba en el auto falso.

Cada funcionario del juzgado deberá ahora entregar a la juez Palacios una relación de los asuntos que lleva y la situación de cada uno. Ello se incorporará a la inspección que la Presidencia de la Audiencia Nacional estaba realizando de forma rutinaria cuando se destapó el asunto, tras la denuncia del fiscal antidroga Daniel Campos.