Aire libre tras un candado

Al aire libre, pero con la sensación de estar enjaulado, sólo Juan Eusebio Mendoza, de 77 años y más conocido en la pedanía valenciana como Juan El Madrileño, disfrutó ayer de las instalaciones del Cámping Municipal de El Saler. Después de 25 años de frecuentes visitas y siete de residencia permanente, El Madrileño podía salir pero no tenía muy claro que le volvieran a dejar entrar. El privilegiado recinto echó el candado el pasado miércoles tras cuatro décadas de vida. La iniciativa de clausurar el cámping es del Consistorio, que decidió el pasado 29 diciembre transformarlo en un aula de la naturaleza integrado en la Devesa. La de echar el candado corresponde al actual gerente, Roberto López Pau, que ordenó a los vigilantes de la instalación, como explicaba ayer uno de ellos a los usuarios, impedirles el paso. Ante esta situación, más de un centenerar de campistas, que se consideran damnificados por una "decisión ilegal", han decidido recurrir a los tribunales. El cámping de El Saler ha vivido desde hace varias décadas una curiosa situación. Junto a los tradicionales campistas transeúntes, turistas de paso de visita breve, se han ido instalando otros usuarios con carácter casi permanente. Se trata de amantes de la vida al aire libre que aterrizan en su parcela, donde hace años arraigó una caravana sin vocación viajera, todos los fines de semana, todos los puentes y, por supuesto, durante las vacaciones de verano. Como María del Carmen Carbonell, de 44 años y más de 19 viviendo al cámping, que cada día libre viene desde Benimamet con sus hijos. Otros, como El Madrileño, habitan su remolque de lunes a lunes diluvie o luzca el sol. Sin embargo, como recuerda María Dolores Prats, abogada de los campistas, esta situación está perfectamente estipulada en las tarifas del cámping (las vigentes, publicadas en el Boletín Oficial de Valencia del 15 de noviembre de 1997). Los precios varían: entre 15.000 y 27.000 pesetas al mes para los "residentes" (derecho a acampar fines de semana y festivos) y sobre las 2.000 diarias para "transeúntes". Desde entonces, los usuarios denuncian que sufren coacciones para que se vayan. Así, Prats explica que ya interpuso en diciembre un "recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada por el concejal del PP Vicente Aleixandre por la que se aplicaba a los usuarios no la tarifa vigente sino la que corresponde a los transeúntes". Una medida que elevaba a 61.050 pesetas la tarifa mensual. A su juicio, las tarifas han de ser aprobadas por la junta rectora de la Fundación Amigos de Cámping de El Saler, que gestiona la instalación, y ratificadas por el Ayuntamiento. Tras el contencioso, se denunció al edil por prevaricación por ordenar el cierre pese a que todavía faltan algunos trámites legales para que la decisión de clausura tomada en el pleno municipal sea firme. Y ayer, tras comunicar a la Guardia Civil que no les dejaban entrar al cámping, decidieron poner otra querella contra López y Aleixandre por coacciones, por apropiación indebida, por falsedad documental, por usurpación de funciones públicas, por expropiación ilegal y por un delito contra los derechos cívicos. Mientras, los campistas claman por disfrutar de sus caravanas presas y del aire libre que está tras el candado.