El Tribunal Supremo decide ahora si mantiene la paralización de las obras del Teatro Romano

El Tribunal Supremo (TS) deliberó ayer, casi seis años después de la práctica finalización de la rehabilitación, sobre el recurso presentado contra la paralización de las obras de restauración del Teatro Romano de Sagunto, frenadas en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que las declaró, en abril de 1993, contrarias a derecho. La decisión de los magistrados no trascendió, aunque la legalidad de la intervención arquitectónica no se discutirá hasta el verano del 2000. La suspensión de las obras fue decretada apenas 15 días antes de la conclusión del proyecto, lo que ha no impedido el uso del teatro para actos culturales.

El pleno celebrado por los jueces de la sala tercera de la sección quinta del TS fue motivado por el recurso interpuesto en su día por la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, que impugnaron ante el alto tribunal el auto del TSJ que conminaba a la Administración autonómica a paralizar la rehabilitación del coliseo romano, que estaba prácticamente finiquitada. De hecho, los magistrados valencianos, que decretaron la suspensión de las obras en ejecución de la sentencia del mismo tribunal que declaró ilegal el proyecto de Manuel Portaceli y Giorgio Grassi, tomaron esa decisión en base a la petición de Juan Marco Molines. Este abogado, que ahora compatibiza su profesión con su acta de diputado por el PP en las Cortes Valencianas, denunció ante la Justicia la rehabilitación del coliseo romano. En su opinión, la restauración impulsada por la Administración socialista, que pretendía recuperar el teatro para convertirlo en un foco de atracción cultural, vulneraba la Ley de Patrimonio Histórico. El TSJ le dió la razón. Casi seis años después de la sentencia judicial en ese sentido la polémica rehabilitación, fustigada por la derecha valenciana más reaccionaria, sigue pendiente de varias resoluciones de los tribunales. La primera, tomada ayer, es de una importancia menor: Sólo decidirá sobre la procedencia de la paralización de las obras. La cuestión de fondo, la legalidad de las obras, no se dilucidará hasta el verano del año próximo, según las previsiones de José Luis Martínez Morales, abogado del Ayuntamiento de Sagunto en el pleito. El gobierno de Eduardo Zaplana decidió abandonar el recurso interpuesto por la Administración autonómica ante el TSJ tras su llegada al poder, en junio de 1995. En cualquier caso, la resolución del TS no tendrá efectos prácticos. Una decisión que ratificara el dictamen del TSJ respetaría el actual estado de las cosas. Las obras continuarían paralizadas, pero como demuestra la utilización del Teatro Romano en Sagunt a Escena, el festival cultural que se celebra todos los veranos, la paralización no es un obstáculo para la utilización del recinto como foro cultural. Del mismo modo, si el tribunal apoyara los argumentos del Ayuntamiento, los cambios en el monumento histórico no serían sustanciales. Las obras se detuvieron a falta de la instalación de un grupo electrógeno, la construcción de los servicios y algunas rampas de acceso. El gobierno municipal, ahora en manos del PP, se ha encargado de subsanar algunas de éstas deficiencias para seguir ofreciendo actividades, básicamente Sagunt a escena.