La Delegación del Gobierno impugna los acuerdos plenarios para reducir la jornada laboral a 35 horas

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, ha dado instrucciones a los abogados del Estado en cada provincia para que impugnen ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) los acuerdos plenarios, aprobados por un buen número de ayuntamientos, para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. La decisión del Gobierno central provocará un nuevo conflicto con la Junta, que también ha anunciado que implantará esta medida.

Desde febrero de 1998, y a instancias de Torres Hurtado, los abogados del Estado están impugnando estos acuerdos plenarios ante el TSJA al entender que no se ajusta a derecho. En el recurso, el letrado afirma que las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos es una competencia exclusiva del Estado, al objeto de "garantizar a todos un tratamiento común". Por lo tanto, entiende que, en el caso de los empleados de la administración local, "su jornada de trabajo debe ser la misma que tienen los funcionarios de la administración en general". "Solicitamos la suspensión del acuerdo", se afirma en el recurso, "por cuanto su inmediata ejecución causa perjuicios de muy difícil, si no imposible, reparación no ya sólo para el Estado, sino también para el interés general que el mismo representa". El abogado, en su escrito, indica que la reducción de la jornada, como medida destinada a crear empleo a partir del excedente de horas, es una actuación de "gran trascendencia económica y social y por lo tanto no parece que el pleno de una corporación local sea el foro más adecuado para un debate de este calibre, máxime cuando es el Estado, mediante ley, el que debe planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas". Esta iniciativa de reducción de la jornada laboral fue presentada por Izquierda Unida en muchos ayuntamientos andaluces dentro de una campaña. La medida ha sido aprobada por un buen número de consistorios, en la mayoría de los casos con el apoyo del PSOE. Rafael Rodríguez, coordinador provincial de IU en Málaga, dudó ayer de que la Delegación del Gobierno central "tenga capacidad para impugnar acuerdos plenarios que tienen una clara intencionalidad política" y acusó al Gobierno del PP de impulsar estos recursos "para impedir las políticas activas de creación de empleo".