El Parlamento vasco no abordará la reforma de su reglamento este semestre

La reforma del Reglamento del Parlamento vasco, considerada prioritaria por la mayor parte de las formaciones políticas que tienen representación en la Cámara autonómica, no se abordará antes de junio, según las previsiones del parlamentario del PNV Iñigo Urkullu. La reforma, que llegó a aprobarse la pasada legislatura, provocó la caida del Gobierno tripartito de coalición, formado por el PNV, el Partido Socialista de Euskadi y Eusko Alkartasuna, en junio de 1998.

El Partido Popular es una de las formaciones que consideran prioritaria la aprobación de una reforma que permita dotar de mayor agilidad a la Cámara vasca. Según explicó el parlamentario de esta formación y vicepresidente de la Mesa del Parlamento, Carmelo Barrio, "es necesario suscitar el debate para que todos los grupos parlamentarios aborden este tema y evitar así que el Parlamento deje de ser un apéndice del Gobierno". La reforma del Reglamento motivó el abandono del PSE del Gobierno tripartito tras la votación en pleno el pasado 29 de junio. Los socialistas proponían en una enmienda que se estableciera como requisito para acceder a la condición de parlamentario el acatamiento de la Constitución, a lo que los nacionalistas se negaron. El rechazo nacionalista echó por la borda cerca de 10 años de trabajo conjunto en el Ejecutivo autonómico y dejó bloqueada la reforma hasta el día de hoy. Esta situación deja aún vigente, por lo tanto, el Reglamento aprobado por unanimidad de la Cámara en pleno el 11 de febrero de 1983. Aquella redacción sólo exigía a los parlamentarios que acudieran al llamamiento del presidente y asumieran así todos los derechos y deberes que les corresponden por su cargo. El reglamento vigente se inspiró en el de las Cortes Generales de 1977, reglamento este último por el que se rigió la Cámara vasca hasta que contó con un sistema propio. Seguimiento La reforma, que no pudo aprobarse en la pasada legislatura, incluía entre otras novedades la posibilidad de que las comisiones parlamentarias pudieran realizar un seguimiento sobre el cumplimiento por parte del Gobierno tanto de las leyes como de las mociones y otras resoluciones parlamentarias. Además, preveía la autoevaluación del propio Reglamento, que se analizaría cada año para comprobar su efectividad en el trabajo diario.