Un atascado debate parlamentario

En su primera reunión, el nuevo Gobierno vasco aprobó el martes un decreto que regula el estatus de los ex lehendakaris y que resuelve en parte un problema que ha superado la capacidad de decisión del Parlamento vasco. La Cámara de Vitoria tiene entre sus asuntos pendientes y desde hace ocho años la aprobación del Estatuto del Político Vasco. En 1996, la legislación de este controvertido tema empezó a ver la luz a través de una comisión que elaboró una ponencia sobre los derechos, deberes y salarios de los parlamentarios, lehendakari, consejero y otros altos cargos del Gobierno vasco. Este documento además abordaba el tema de las incompatibilidades de los antiguos miembros del Ejecutivo vasco. Como la ley estatal, la ponencia restringía durante dos años las actividades privadas en las empresas privadas y prohibía los contratos de servicio o similares con las Administraciones públicas. Pero tras publicarse en los medios de comunicación las pensiones y dietas que planteaba la ponencia, el debate quedó en punto muerto y desde entonces está atascado. Lo que sí ha regulado la Cámara de Vitoria son las remuneraciones que reciben tras el cese los altos cargos del Gobierno. La Cámara de Vitoria aprobó en 1988 la ley de Retribuciones de Altos Cargos, que reduce sustancialmente las indemnizaciones a los ex miembros del Ejecutivo que fijaba la ley de Gobierno 7/81. Los consejeros y viceconsejeros reciben sólo una mensualidad de su sueldo cuando abandonan su puesto, excepto si entraron en el Ejecutivo antes del 23 de noviembre de 1988. En este caso, se acogen a la ley anterior y reciben durante un periodo mínimo de 3 meses y uno máximo de 1 año el 80% del sueldo de su anterior cargo. Los lehendakaris, consejeros, viceconsejeros tienen derecho, además, a una pensión vitalicia de hasta el 50% del sueldo actualizado que percibían en el Gobierno.