La falta de reglas propicia el salto sin controles de ex altos cargos de la Administración a la empresa

En el País Vasco no hay ninguna norma que regule las actividades profesionales que realizan los altos cargos de la Administración vasca cuando dejan sus puestos. La ausencia de incompatibilidades para ex altos cargos de las instituciones vascas permite el salto directo del sector público a la empresa privada sin ningún control, a diferencia de las estrictas barreras fijadas para los ex del Gobierno central. Éstos tienen limitadas por ley las actividades privadas que pueden realizar hasta dos años después de haber cesado en sus responsabilidades públicas.

Un ex alto cargo del Gobierno español -y en esta categoría se incluyen los miembros del Ejecutivo de Madrid y los secretarios de Estado- no puede desempeñar cualquier actividad privada cuando deja su cargo. Si el ministro de Industria Josep Piqué cesara en esta función, durante dos años no podría trabajar en ninguna empresa privada con la que hubiera tenido relación en el ejercicio de su cargo. La norma legal es tajante en este extremo. La ley de Incompatilidades de los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración pública, de 11 de mayo de 1995, establece en su artículo cuarto que durante los dos años siguientes al cese en la responsabilidad pública "los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución". Además y según fija la norma, éstos no podrán firmar contratos de asistencia o de servicios con las Administraciones. Para atar bien todos los cabos, la norma obliga a los ex presidentes del Gobierno, ex ministros y ex secretarios de Estado a comunicar al Registro de Actividades la profesión a la que se van a dedicar en los dos años siguientes a abandonar la función pública. Estos mecanismos de control pretenden evitar que los gestores institucionales saquen un beneficio personal de sus cargos. A diferencia de España y de otras comunidades autónomas, en el País Vasco, ninguna norma legal ha entrado a legislar las actividades profesionales de los cargos institucionales vascos tras dejar su cargo. Ni la Ley de Incompatibilidades de la Función Pública Vasca, de 1983, ni otras normas como la Ley de Gobierno de 1981 o la Ley 14/1988 de retribuciones a algos cargos ponen cortapisas a los cargos privados que pueden desempeñar los antiguos máximos responsables, tras su paso por las instituciones. Incorporaciones inmediatas Este tema ha provocado las críticas de algunos sectores empresariales que no ven con buenos ojos el tránsito inmediato a la empresa privada de personas que días antes tenían poder de decisión sobre subvenciones, ayudas o resoluciones que pueden beneficiar a unos sectores y perjudicar a otros. El último caso es el del Consejero de Industria, Javier Retegi, que cuatro días después de abandonar su despacho en el Gobierno vasco se ha reincorporado a Mondragón Corporación Corporativa (MCC), de donde procedía, para lanzar un ambicioso proyecto consistente en crear un nuevo grupo que integre a empresas no cooperativas. Pero Retegui es el último de una larga lista de políticos y antiguos máximos responsables institucionales que saltan de la función pública a la privada sin ninguna cortapisa. Legalmente no hay cargos irreconciliables para los ex responsables públicos vascos una vez cesan en sus cargos. Tras dejar su cargo como vicelehendakari, Javier García Egotxeaga, ahora vinculado a la empresa promotora de la incineradora Zabalgarbi, pasó a ser primer ejecutivo del Banco Europeo de Inversión y Servicios Financieros, que entró en quiebra posteriormente. El antiguo responsable del Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad del Gobierno vasco, Francisco Egea, es el gerente de la cooperativa eibarresa Alfa Lan; Carlos Bilbao, que fue viceconsejero de Competitividad del Gobierno vasco, tiene un alto puesto en la empresa del sector de Automoción Gestamp. Por su parte, los ex consejerosde Hacienda Alfonso Basagoiti y José Luis Larrea pasaron a presidir la corporación IBV y la empresa Ibermática, respectivamente. Pero no sólo los ex miembros del Gobierno vasco encuentran un hueco en el sector privado. En el ámbito de las instituciones forales, uno de los casos más reseñables es el de José Alberto Pradera. El antiguo Diputado general de Vizcaya abandonó cesó en este cargo en junio de 1995 y en septiembre de ese mismo año pasó a presidir la empresa concesionaria de la Autopista Vasco Aragonesa. La propia Ley de Incompatibilidades del País Vasco de 1983, que establece sólo las limitaciones para el desempeño del cargo, dice en su exposición de motivos que éste es un problema "candente y vidrioso". El bloqueo durante ocho años de la elaboración del Estatuto del Político Vasco ha impedido que se establezca una regulación equiparable a la del Gobierno central para los altos cargos que dejan su puesto.