Senadores en el corredor de la muerte

Joaquín José Martínez ve hoy la muerte más lejana de lo que la veía la semana pasada. El compás de espera de la silla eléctrica que comenzó el 27 de mayo de 1997, cuando le condenaron por dos asesinatos, está abierto ahora a una cierta esperanza, renovada por la visita de una delegación española y una apelación para que le concedan un nuevo juicio.Aunque le quedan otros recursos ante las cortes federales y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, si el Tribunal Supremo de Florida acepta que hubo violaciones de las leyes y manipulación de pruebas -argumento que sostiene la apelación y recalcaron el martes las autoridades españolas a las de Florida-, el caso podría concluir en uno o dos años, en vez de ocho o nueve si tuviera que agotar las otras posibilidades. Martínez siempre ha mantenido su inocencia y confía en que un nuevo juicio le absolvería. "Por eso este apoyo que ha recibido de España le ha dado mucho ánimo, está muy muy esperanzado", dijo ayer su madre, Sara Pérez.

El martes salió dos horas de su celda de 3 por 2,40 metros para encontrarse en la sala de visitas con cuatro senadores, el embajador y el cónsul españoles. "Ha sido un encuentro emotivo, está fuerte y nos ha impresionado por su serenidad", comentó el senador socialista Ignacio Díez tras salir de la prisión estatal de Starke, en el norte de Florida. Los otros senadores eran Manuel Jaén (PP), José Nieto (Nueva Izquierda) y Manuel Bolinaga (Partido Nacionalista Vasco).

Junto con el embajador de España en Estados Unidos, Antonio Oyarzábal, y el cónsul en Miami, Miguel Díaz-Pache, los parlamentarios trasladaron al fiscal general de Florida la preocupación española por la falta de garantías procesales que tuvo en el primer juicio, de acuerdo a las pruebas presentadas por la apelación.

En su oficina del Capitolio de Tallahassee, la capital del Estado, el fiscal Bob Butterworth escuchó cordialmente durante 45 minutos los argumentos y se comprometió a intentar agilizar el proceso. "El fiscal no tiene inconvenientes en revisarlo, y hará todo lo posible por acelerarlo. Fue una acogida positiva, sin que por ello se deduzca nada", aclaró el cónsul Díaz-Pache. El Tribunal Supremo del Estado, que es el que decidirá si tiene derecho o no a un nuevo juicio, aún no ha admitido oficialmente a trámite la apelación, pero ha dado muestras "de palabra" de que lo aceptará, según explicó el abogado Peter Raben. No hubo arma homicida, ni testigos presenciales, ni se tomaron huellas, ni las pruebas balísticas coincidieron con las del arma de Martínez.

Tampoco se persiguieron otras pistas, a pesar de que había una colilla que en las pruebas de ADN resultó no pertenecer ni a los asesinados ni a Martínez, que además no fuma. El veredicto se hizo en base a testimonios indirectos de quienes alegaron haber escuchado a Martínez decir que era culpable. Raben alega en la apelación que el proceso estuvo viciado por irregularidades cometidas por el propio juez, que admitió evidencias ilegales; el fiscal, que usó pruebas falsas y cambió las fechas del crimen, y la mala defensa del abogado que lo representó en el juicio de abril de 1997.

Uno de los nueve fundamentos en el recurso de 105 páginas, se refiere a la intervención final del fiscal ante el jurado, en la que afirmó que "quizá los asesinatos no hubieran tenido lugar en esa fecha" (27 de octubre de 1995). Eso, según Raben, anuló la coartada de Martínez y confundió al jurado. El abogado defensor que tenía entonces no objetó ni ése ni otros argumentos decisivos para la inocencia de Martínez.

Martínez fue arrestado el 29 de enero de 1996 acusado del asesinato a tiros de Douglas Ray Lawson y a puñaladas de su novia Sherry McCoy. La policía de Florida violó la Convención de Viena durante su detención al no haberle leído su derecho a comunicarse con las autoridades consulares españolas, a las que tampoco se informó. En mayo del año pasado ingresó en el corredor de la muerte de la prisión de Starke.

Martínez nació en Guayaquil (Ecuador), el 2 de diciembre de 1971. Es hijo de español y ecuatoriana y, aunque vive en EEUU desde hace 19 años, conserva la nacionalidad española. Se casó con Sloanne Millian apenas cumplidos los 20 años y tiene dos hijas. El matrimonio estaba divorciado cuando ella le acusó. Él vivía con otra mujer, Laura Babcok. Los senadores presentarán un informe al Parlamento y al Gobierno con la esperanza de que otras instancias actúen para evitar que Martínez muera en la silla eléctrica. "Hemos dado el primer paso y esperamos que sirva para que el Gobierno español dé el siguiente", manifestó el senador Jaén.