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El Ayuntamiento remite al fiscal el expediente del empresario que denunció al concejal Narváez

Blanca Cia

El Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a la ofensiva después de que un juez calificara de denuncia falsa la querella presentada por un empresario contra el concejal Francesc Narváez por coacciones y soborno. El consistorio ha remitido al fiscal los expedientes abiertos contra Alejandro Rullán por quebrantar en varias ocasiones el precinto del local Macumba, ordenado por el distrito de Sant Martí. El objetivo es que la fiscalía determine si los reiterados incumplimientos pueden ser considerados como un delito de desobediencia a la autoridad.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el fiscal jefe del Tribunal Superior, José María Mena, firmaron el pasado verano un protocolo de colaboración para perseguir por la vía penal, entre otras, las conductas que pudieran llegar a representar riesgo y las actitudes incívicas que provocaran molestias a los ciudadanos. Lo que el convenio pretendía era forzar el cumplimiento de las órdenes municipales cuando éstas se desobedecen de una forma reiterada. Éste es el caso del café teatro Macumba, según señalaron fuentes municipales. Las mismas fuentes explicaron que el propietario del local y firmante de la querella contra Narváez, Alejandro Rullán, ha quebrantado en tres ocasiones el precinto del local, que abrió sin disponer de las licencias ni de los permisos municipales necesarios. El café fue precintado el 23 de junio pasado. Poco después, el 13 de septiembre, el precinto fue quebrantado y el local volvió a abrir sus puertas al público. Cinco días más tarde, el distrito de Sant Martí repuso el precinto, que de nuevo fue roto el pasado 3 de enero. Cinco días después, el local fue precintado por segunda vez; pero esa situación sólo duró 24 horas, ya que al día siguiente el precinto fue quebrantado por tercera vez. Fuentes municipales señalaron ayer que el precinto será repuesto a lo largo de esta semana.Las mismas fuentes manifestaron que ha sido la reiteración del quebrantamiento del precinto lo que ha determinado que los expedientes sean remitidos al fiscal. En relación con el mismo caso, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Xavier Casas, manifestó ayer su satisfacción porque el juez avanzara su intención de archivar el caso por estar convencido de que no había fundamento en las acusaciones imputadas al regidor: "Ha quedado clara la honorabilidad" del edil. Casas añadió que las diligencias judiciales estaban contribuyendo a "aclarar el caso de manera rápida". El magistrado encargado del caso, Adolfo Fernández Oubiña, manifestó el pasado lunes, después de tomar declaración a Narváez en el juzgado, que las acusaciones eran una "ignominia" hacia el regidor, del que no dudaba de su honradez y honestidad. El empresario denunciante sostenía que varias personas -quienes dijeron actuar por encargo del concejal Narváez- le exigieron el pago de un millón de pesetas en otoño de 1997 para poder conseguir la licencia de actividades del local Macumba. Según el querellante, el hecho de no pagar esa suma fue la causa de que el distrito le denegara los permisos. La versión municipal sostiene que la denegación obedece a defectos insubsanables. El martes próximo es previsible que se produzca una resolución del juez sobre el caso y, a juzgar por sus propias declaraciones, todo parece indicar que la querella será archivada. Cumplimiento de normas Narváez señaló ayer que permanecía a la espera de lo que resuelva el juez, quien también comentó que, en su opinión, se trataba de una denuncia falsa. Casas afirmó que, cuando se produzca esa resolución, "el Ayuntamiento podrá emprender las acciones legales que correspondan contra las personas que han hecho falsas imputaciones". El primer teniente de alcalde quiso dejar claro que episodios como el ocurrido con el local Macumba ponen en evidencia la necesidad de que el Ayuntamiento sea firme "en cumplir y hacer cumplir las normas legales", al margen de eventuales intentos de coacciones en forma de acusaciones falsas de soborno. Otras fuentes municipales abundaron en este mismo sentido: "Parece ser que la decisión de este empresario de imputar un intento de soborno por no poder obtener una licencia podría ser imitada por otros, lo que sólo se puede remediar con una actuación clara y firme por parte del Ayuntamiento".

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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