La investigación de Orihuela arranca con los contratos a empresas vinculadas a ediles del PP

La comisión especial creada en el Ayuntamiento de Orihuela para investigar la gestión municipal desde que accedió al poder local el PP, en 1986, celebró ayer su primera reunión en un ambiente dividido entre el escepticismo y el optimismo, según los diferentes portavoces políticos. Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca la decisión de revisar todas las contrataciones municipales suscritas con empresas vinculadas a concejales del PP o familiares, así como de supervisar el desarrollo urbanístico de la costa, motivo de agrias polémicas que han acabado en los juzgados.

La comisión, creada a solicitud del PSPV y con el apoyo del resto de los grupos, está formada por cinco representantes del equipo de gobierno, del PP (entre ellos el actual alcalde, José Manuel Medina, como presidente), tres ediles del PSPV, dos del Grupo Mixto (en el que se integran los cinco ediles expulsados del PP) y el concejal de EU en Consistorio. La decisión de investigar se adoptó tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP por la expulsión de los cinco ediles díscolos. En la reunión de ayer se aprobaron, también por unanimidad, las líneas iniciales de investigación que propusieron los socialistas y el concejal de EU. El Grupo Mixto y el PP no plantearon alternativas. El calendario de trabajo también quedó diseñado: la comisión se reunirá con periodicidad quincenal. La gestión urbanística de la franja costera, las adjudicaciones de obras y servicios a empresas y las supuestas irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos años marcarán la investigación. El PSPV priorizó el esclarecimiento de asuntos concretos que han sido objeto de polémica relevante en los últimos meses, mientras EU abogó por desarrollar una investigación genérica de las contrataciones. Se harán las dos cosas. El concejal de EU, José Martínez Carmona, llegó a la reunión con los deberes hechos. El grueso de las propuestas llevan su firma, e incluyen la decisión de investigar "muy especialmente" las infracciones urbanísticas y las reclasificaciones de suelo, sobre todo en la costa, denunciadas por el grupo desde 1992. Supuesto amiguismo, permisividad en el adelanto de edificaciones sin exigir las obligadas infraestructuras a las promotoras, perjuicios a las arcas municipales en beneficio de bolsillos privados y una cascada de sospechas acerca de presuntos casos de prevaricación y prebendas fueron los argumentos que esgrimió Carmona para sacar adelante sus propuestas. Las adjudicaciones a diversas empresas constructoras y de servicios que han obtenido una buena parte de las contratas municipales desde 1986, con especial atención a aquellas mercantiles cuyos responsables tienen vínculos familiares con los integrantes del gobierno municipal, también serán revisadas minuciosamente. A propuesta del portavoz del PSPV, José Francisco Lorente, la comisión dará prioridad a temas concretos, como el destino de ocho millones de pesetas que las monjas encargadas de gestionar el antiguo Hospital Municipal entregaron al concejal de Servicios Sociales, Mariano Ferrández, que supuestamente dio el dinero al entonces alcalde Luis Fernando Cartagena. Lorente solicitó que la comisión cite a declarar a ambos políticos, y también sacó adelante la propuesta de estudiar en profundidad los expedientes de las adjudicaciones del servicio de recogida de basuras y gestión del agua potable. Al término de esta primera reunión, las valoraciones fueron desiguales. Así, mientras para el socialista Lorente se ha dado "un paso importante", el portavoz del Grupo Mixto y ex popular, Jesús Ferrández, se confesó pesimista y "desengañado". "Yo creo que todo esto es una pantomima, porque es muy difícil investigar algo que no te dejan investigar", señaló en alusión a las trabas que el gobierno del PP puede poner al trabajo. El portavoz de EU, José Martínez Carmona, también se mostró escéptico. "Mi opinión será positiva", declaró, "cuando empiecen a llegar los informes que se piden del departamento de Urbanismo". Por su parte, Jesús Roca, portavoz del PP, aseguró que su grupo no tiene voluntad de obstaculizar la investigación. "Hemos asumido todas las líneas propuestas", destacó.