Vizcaya disuelve un consorcio de aguas con múltiples anomalías de gestión La Diputación ejecuta su política de mantener un solo organismo

Vizcaya cuenta ya con sólo dos consorcios de aguas, el Bilbao-Bizkaia que en un futuro será el único y el de Busturialdea, después de la disolución definitiva el pasado día 30 del de Durango, envuelto desde su constitución en múltiples anomalías como la adjudicación verbal de contratos por 400 millones de pesetas o las compras sin presupuesto por valor de más de 1.000 millones. La extinción del Consorcio de Durango arrastrará sin embargo un pleito judicial entre la empresa constructora y la Diputación.

El acta de defunción del Consorcio de Aguas del Duranguesado se firmó en el pleno celebrado el pasado 30 de diciembre con los representantes de la Diputación vizcaína y los 10 ayuntamientos representados. El acuerdo de disolución puso fin a un proceso que se ha prolongado durante todo el año y ha sido justificado por el ente foral por su política de aunar la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua en Vizcaya en un sólo órgano. La desaparición, aprobada por todos los representantes salvo un edil independiente de la localidad de Elorrio, supone la integración de la mitad de municipios -Durango, Iurreta, Zaldibar, Izurza y Mañaria- en el Consorcio Bilbao-Bizkaia y el establecimiento de un convenio de colaboración con dicho órgano de los cinco restantes: Elorrio, Berriz, Garai, Abadiño y Atxondo. El propio funcionamiento del Consorcio de Durango, envuelto en el oscurantismo desde que se gestó en 1991, ha precipitado el proceso. Hasta 1995 las denuncias sobre anomalías en su gestión se sucedieron y fue entonces cuando el nuevo equipo de gobierno de la Diputación se propuso zanjarlas y pidió al Tribunal Vasco de Cuentas una auditoría. El informe confirmó y amplió las sospechas barruntadas: en esos cinco años se adjudicaron contratos de forma verbal valorados en más de 400 millones de los que "únicamente constan las facturas abonadas"; 16 de los 22 analizados, por un valor de 479 millones, no tenían el pliego de cláusulas económico-administrativas ni el de prescripciones técnicas, requisitos de obligado cumplimiento; otros 16 expedientes, que significaban 1.049 millones, se ejecutaron sin presupuestar y en 18 tampoco se exigió a la empresas acreditación de su capacidad económica. Cuenta pendiente Estas irregularidades fueron calificadas de administrativas por la diputada de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta, hace justo un año en una comparecencia ante las Juntas Generales, y las achacó a la falta de medios de un organismo que se vio superado por las infraestructuras que debía acometer. Durante los últimos años el funcionamiento ha sido testimonial y, de hecho, durante el pasado año trabajó con los presupuestos prorrogados de 1997. La disolución del Consorcio de Durango dejará una cuenta pendiente: las empresas constructoras reclaman 300 millones de pesetas por las obras ejecutadas mientras que la Diputación sólo reconoce 60, unas diferencias que han acabado en los tribunales, según ha confirmado la diputada María Esther Solabarrieta. Con su desaparición, sólo restará la supresión del Consorcio de Busturialdea, que agrupa a los municipios de la reserva de Urdaibai, "que se llevará a cabo más adelante cuando esté resuelto el saneamiento". La diputada de Medio Ambiente justifica la existencia de un solo consorcio, el Bilbao-Bizkaia -que se formó en base al antiguo del Gran Bilbao- "porque somos una población pequeña, con poco más de un millón de habitantes y es un funcionamiento más lógico para el futuro órgano de administración hidráulica".