Expedientes a la greña
El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional mantienen una soterrada guerra a causa de los ánimos proteccionistas del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón. En los últimos meses, el Gobierno de la Comunidad ha reactivado un centenar de expedientes de declaración de bien de interés cultural. Obtendrán esta protección lugares tan emblemáticos como el Retiro, la Casa de Campo, la Universidad Complutense o el llamado eje cultural del Prado. Estos expedientes, abiertos hace décadas, dormían en muchos casos el sueño de los justos. Pero el actual Ejecutivo regional ha decidido desempolvarlos. Las razones que esgrime para su reactivación son diversas: conferir a los monumentos una mayor protección legal, estar preparados para presentar sus candidaturas a Patrimonio de la Humanidad o una simple revisión de sus actuales límites.El alcalde, José María Álvarez del Manzano, desconfía de los argumentos. Por ejemplo, el regidor respondió hace unos días que él es el mejor garante de la conservación de la Casa de la Villa, otro de los edificios que la Comunidad quiere convertir en bien de interés cultural.
Cuando el Gobierno regional incoa un expediente de protección ni el Ayuntamiento ni el propietario del monumento pueden mover una piedra sin el consentimiento expreso de la Consejería de Cultura. Cualquier obra, aunque sea menor, requiere una autorización expresa de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad.
Por eso, el Ayuntamiento se muestra tan molesto con la actitud del Gobierno regional. Ya no puede llevar a cabo obras a su libre albedrío en los grandes parques de la capital (el Retiro, la Casa de Campo, la Alameda de Osuna), ni abrir el subsuelo para construir un túnel bajo el paseo del Prado, tal y como anuncia desde hace tiempo. El alcalde llegó a rubricar el pasado mes de diciembre una carta en la que pedía a la Comunidad que no llevase a cabo la protección de la Ciudad Universitaria, porque se ponían en tela de juicio las obras que había proyectado. Y es que ahora todo está en manos del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
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