El juez apoya que se impute al Estado por los crímenes de Castellón

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, José Luis Albinyana, considera que el Estado es responsable civil subsidiario de los cinco crímenes confesados por Joaquín Ferrándiz porque éste los cometió supuestamente mientras se encontraba en libertad condicional. La solicitud de esa responsabilidad fue realizada por el fiscal del caso, Juan Salom, quien, en el momento de presentarla al juez habló de "negligencia", de una falta de vigilancia o defectos en el control de la libertad dada al preso, que cumplía una condena de 14 años de prisión por un delito de violación. Así, en el caso de que Ferrándiz sea declarado culpable, el Estado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas. Existe un precedente por el que se cifró en 20 millones de pesetas la indemnización a pagar a la familia de Maruchi Rivas, asesinada en 1992 por otro preso en libertad condicional. El Tribunal Supremo confirmó en ese caso que se había producido un funcionamiento anómalo de la vigilancia tutelada del recluso. La Asociación Clara Campoamor, a través de su presidenta, Blanca Estrella, ha felicitado al juez Albinyana y ha recordado que fue esta organización la que logró sacar adelante la indemnización en el caso de Maruchi.