La ley del derecho a la información ambiental sigue inédita tres años después de ser prometida

Una directiva europea aprobada en Bruselas en 1990 consagra desde aquel año el derecho de todos los ciudadanos a acceder fácilmente a todo tipo de información sobre temas ambientales. Y a finales de 1995, la entonces consejera de Agricultura y Medio Ambiente, María Ángels Ramón-Llin, ahora sólo titular de asuntos agrícolas, prometió desarrollar una ley autonómica que regulara ese derecho, promesa reiterada un año después por el actual titular de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, que como aquélla, es de Unión Valenciana. Tres años después la ley permanece inédita.

La escasez de leyes verdes en esta legislatura es patente. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, anunció a principios del curso parlamentario tres leyes, la de residuos, la de contaminación acústica y la reforma de la ley forestal. Incluso presentó los anteproyectos de las dos primeras y el de una cuarta, la de la ley de caza. Sin embargo, ante las ya próximas elecciones autonómicas, la dinámica parlamentaria sólo permitirá sacar adelante, y está difícil, la ley de las basuras. Por lo tanto, la promesa de los dos consejeros de UV de regular ese derecho tendrá que esperar para verse cumplida hasta la próxima legislatura, si es que se dan las condiciones para que accedan al gobierno. Así, en la norma comunitaria se daba un plazo para que los estados miembros traspusieran la norma a su propia legislación: el 31 de diciembre de 1992. La ley española sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente llegó con tres años de retraso, el 12 de diciembre de 1995. Y poco antes, el 18 de octubre de aquel año, Ramón-Llin se comprometió en las Cortes a elaborar una norma autonómica a raíz de que el Congreso aprobara la estatal. Tres años después de la ley, y de la promesa del Consell, todavía no se ha elaborado ni el borrador de la norma valenciana. Por contra, el interés de las Cortes por hacer más trasparente la gestión del medio ambiente se tradujo en una proposición no de ley, aprobada el 16 de mayo de 1996 con los votos de todos los grupos, en la que se instaba al Consell a elaborar las disposiciones precisas al respecto y a difundir de forma periódica datos de carácter general sobre el estado del medio ambiente. Una petición parlamentaria que fue ignorada por la consejera, que hasta desconocía por aquellas fechas que ya existía la norma estatal. Así, el 8 de mayo de 1996, la consejera afirmaba en la cámara ante una pregunta del diputado popular José Manuel Botella que todavía esperaba que saliera adelante la norma estatal (finiquitada seis meses antes) para hacer la suya. Y Castellá, titular de Medio Ambiente a raíz de la escisión del doble departamento, reiteró la promesa un año después, el 26 de febrero de 1997, a la vez que hablaba de diseñar una nueva consejería "en la que, dentro de uno de los servicios de la misma, o uno de sus puntos o trabajos fundamentales será atender todo el tema de información medio ambiental y de facilitar el acceso a todas las señas públicas". La intención del Consell parece que se ha diluido. Tres enmiendas a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 1999 presentadas por el grupo socialista para desarrollar la norma y facilitar datos verdes fueron rechazadas hace dos semanas por el PP y UV. Y el diputado socialista Alfonso Arenas insiste en que la opacidad de Medio Ambiente no sólo la sufren los ciudadanos o los medios de comunicación sino que también afecta a los parlamentarios. Según explica, la consejería se ha salido por la tangente al responder a muchas peticiones escritas por cauce parlamentario sobre muchos temas. "Nos ha negado informes de la Policía Autonómica sobre vertederos ilegales en ríos que sabemos que tienen en su poder; denuncias de particulares con la excusa de que están siguiendo un proceso en los tribunales; los estudios previos al catálogo de zonas húmedas que sí protegen a humedales que ahora quedan indefensos; datos sobre el nombramiento de personal eventual contratado...", relata Arenas. Presupuestos opacos Este diputado también argumenta que la ocultación de información llega hasta la misma elaboración de los presupuestos. Así, alega que ya Ramón-Llin dejó de detallar los datos sobre las inversiones presupuestarias de 1996 (como se hacía en la anterior legislatura) impidiendo conocer con exactitud el destino de las mismas. Ante las quejas de la oposición estos datos volvieron a figurar en 1997 pero Castellá los volvió a omitir en los de 1998 y 1999. En Esquerra Unida, el asunto también levanta ampollas. "A todo lo que les resulta molesto responden con el silencio", asegura José Luis Ramos, abogado de EU, "y se lo hacen a todo el mundo: particulares, ecologistas y hasta al propio Síndic de Greuges". Ramos explica que el caso más flagrante es la negativa a aportar trabajos técnicos sobre el marjal de Massamagrell a la juez que investiga su destrucción.