Las eléctricas pagan una media de 20.000 pesetas por cada infracción de incendios

A lo largo de 1997, el Departamento de Agricultura de la Generalitat abrió 306 expedientes a las compañías eléctricas de Cataluña por infracciones en materia de prevención de incendios. El monto total de las sanciones fue de 5.994.645 pesetas, lo que supone una media de menos de 20.000 por infracción, una multa similar a la de muchas infracciones de tráfico. El diputado de IC-EV Víctor Gimeno, quien realizó esta pregunta en el Parlament, acusa a la Generalitat de defender a las eléctricas ya que les sale más a cuenta pagar las multas que actualizar y mantener en condiciones las redes.

Según Víctor Gimeno, los principales responsables de los incendios forestales que se producen en Cataluña son las compañías eléctricas, "que no se preocupan de mantener en condiciones sus redes". El diputado ecosocialista recuerda que, a raíz del gran incendio del pasado mes de julio en la Cataluña central, en el que ardieron más de 40.000 hectáreas de bosque, los agentes forestales testificaron que los propietarios de las redes eléctricas, tal y como es preceptivo, no limpiaban la vegetación que crece bajo el cableado y aseguraron que, en algunas ocasiones, las ramas de los árboles más próximos tocaban las líneas de alta tensión. Al hecho de que la cuantía de las multas es baja y desproporcionada respecto al peligro que suponen unas instalaciones descuidadas, se añade que las compañías se permiten aplazar largamente el pago presentando toda clase de recursos legales por parte de sus gabinetes jurídicos. La mitad de las multas impuestas en 1997 todavía no ha sido abonada a la Administración. Según el parlamentario de IC-EV, queda claro que "por el importe de las sanciones que impone la Generalitat a las compañías, que no supera las 19.590 pesetas de media, a las eléctricas les sale más a cuenta pagar las multas que no actualizar y mantener en condiciones las redes que en demasiadas ocasiones son caducas y un peligro en potencia". En su pregunta al Ejecutivo, Gimeno pidió asimismo información sobre los titulares de cada una de las infracciones. Para su sorpresa, el Departamento de Agricultura se la negó argumentando que, de acuerdo con la ley orgánica de regulación de trato automatizado de datos de carácter personal, "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas son considerados datos especialmente protegidos". Para Gimeno es "un despropósito considerar personales los datos de compañías como Enher, Fecsa y otras". Lo que pretende el consejero de Agricultura, Francesc Xavier Marimon, asegura el diputado de IC-EV, es "ocultar información" sobre estas empresas. "La Generalitat prefiere favorecer los intereses de las eléctricas que el patrimonio natural de Cataluña", dice Gimeno.