Nueva disputa judicial entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta por la suspensión del PGOU

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, no cesa en su empeño de mantener la disputa con la Junta de Andalucía en los tribunales por la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana. Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha recurrido el auto del pasado 14 diciembre que decretaba el archivo de las diligencias por la querella por prevaricación que el consistorio interpuso contra los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga que rechazaron el plan urbanístico diseñado por el equipo de Gil. Pero este recurso de apelación ha sido ya impugnado por la representación legal de la Junta de Andalucía, que entiende que de ninguna manera el Ayuntamiento de Marbella puede alegar, como ha hecho, la existencia de una presunta violación del derecho fundamental a la tutela judicial. El Ayuntamiento de Marbella objeta que es incompatible la admisión primera a trámite de la querella con la resolución posterior de archivarla, una vez que la Junta recurrió la primera decisión del juez. En su escrito de impugnación, la Junta cita tres sentencias del Tribunal Constitucional y otras dos resoluciones del Tribunal Supremo para reforzar sus argumentos sobre la existencia de tutela judicial. Según la Consejería de Obras Públicas en todo momento ha existido derecho al proceso y entre los dos autos de admisión y archivo de la querella se produjeron diligencias en las que el juzgado recibió nueva información, entre otra la desestimación del recurso administrativo que el Ayuntamiento de Marbella puso contra la suspensión del PGOU. En cuanto al fondo de la cuestión, la Junta entiende que no puede contemplarse la posibilidad de que la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga haya prevaricado y que en todo caso, si hubiera cometido alguna ilegalidad ello no es suficiente motivo para la tipificación penal, y que la comisión estuvo debidamente asesorada por técnicos en derecho y urbanismo. La Junta también cuestiona el planteamiento de la querella presentada por Gil. "No se adivina cual sea la espuria motivación que según el querellante anima a los componentes de la comisión. En efecto pertenecen a distintas administraciones y su extracción política es distinta. No se comprende bien como puede sostenerse que a todos ellos anima el dictado de un mismo partido político del que son rivales en la lícita y legítima confrontación democrática". Y concluye: "El razonamiento de la querella no hace sino cavar su propia e íntima contradicción".