Derogada, tras 33 años, la ley de inversiones de las Fuerzas Armadas

La Ley sobre Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, que ha estado en vigor bajo diferentes denominaciones y con distintas variantes desde 1965, ha quedado derogada a partir del 31 de diciembre, al concluir su último plazo de aplicación y no haber sido prorrogada. Esta ley dotaba a los ejércitos de un instrumento financiero privilegiado para planificar sus inversiones. El PP ha renunciado a su promesa electoral de sustituirla por una ley que, en vez de fijar un incremento fijo de los gastos militares, detallase los principales programas de armamento. La última versión de la ley de dotaciones, que data de octubre de 1990, autorizaba al Gobierno a realizar un programa conjunto de inversiones, reposición de material, equipo y armamento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas por un periodo de ocho años, hasta el 31 de diciembre de 1998.

Su texto fijaba en el 4,432% el crecimiento anual en términos reales, descontada la inflación, de los gastos de inversión y mantenimiento de los ejércitos, con un techo global del 2,5% para el presupuesto de Defensa.

Gasto emboscado

El PP era partidario de mantener una norma de este tipo, aunque sustituyendo el crecimiento porcentual de los gastos militares, sujeto a la aprobación del presupuesto de cada año, por una "ley Plurianual de Programas para las Fuerzas Armadas", para planificar las necesidades a medio y largo plazo, como rezaba su programa electoral de 1996.

La falta de una ley se ha suplido con otros instrumentos. Por ejemplo, logrando autorización para transferir al ejercicio siguiente los remanentes de presupuesto no ejecutados a final de año. También, consiguiendo que los ingresos generados por la venta de instalaciones militares en desuso -entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas al año- puedan dedicarse a la compra de armamento y no sólo a la construcción de nuevos cuarteles, como sucedía hasta ahora.

Sin embargo, el principal instrumento ha sido el recurso a los créditos sin intereses del Ministerio de Industria para financiar los grandes programas militares: el avión EF-2000, la fragata F-100 y el carro de combate Leopard. Desde que se creó esta fórmula, en los Presupuestos de 1997, los primeros del Gobierno del PP, los créditos consignados por Industria suman 337.331 millones de pesetas. Este sistema ha permitido acometer esos programas de armamento, a pesar de que el presupuesto de Defensa se ha mantenido prácticamente congelado, con un crecimiento del 6,68%. El problema está en que se trata de créditos reembolsables, que las empresas receptoras deberán devolver a Industria cuando cobren de Defensa, la que tendrá que incorporarlos a su presupuesto ordinario a partir del año 2000. Es una fórmula que la ley de Presupuestos de 1999 prohíbe seguir utilizando, ya que no hace más que trasladar déficit al futuro.