La deuda de los bancos hipoteca todavía el futuro de México

El diputado Eduardo Mendoza y otros 10 insurrectos del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) rompieron la disciplina de partido hace poco más de una semana y rechazaron la solución parlamentaria de compromiso aprobada por el PAN y oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), con seis rebeldes en sus filas, para atender los gastos, obligaciones y también costes políticos, derivados de los 65.000 millones de dólares (más de nueve billones de pesetas) desembolsados en 1995 por el Gobierno para salvar a México de la bancarrota.Aquella votación aún divide a los políticos y a buena parte de los mexicanos, ajenos la mayoría al alcance de las medidas tomadas. "La sociedad exigía un castigo ejemplar a los culpables del mayor atraco financiero en la historia del país. Y lo que tenemos a cambio es que se harán auditorías sobre la marcha", protesta aún Mendoza. "Cuanto más tiempo se les dé a los ladrones, más oportunidad tendrán de barrer la casa: la van a barnizar, van a dejar todo muy coqueto y, cuando llegue la auditoría, el detective que busque las huellas dactilares no va a encontrar nada irregular, y aquello va a parecer un Museo de la Conducta Ejemplar de los Banqueros".

El Congreso mexicano aprobó la desaparición del Fondo de Protección al Ahorro (Fobaproa), organismo dependiente de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda encargado de distribuir aquella polémica asistencia, y lo sustituyó por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que asumirá sus deberes, tratará de recuperar la mayor parte posible de los 65.000 millones y de establecer las bases de un funcionamiento bancario más transparente.

El objetivo del compromiso parlamentario, cuyos protagonistas prometieron procesar a los sinvergüenzas disfrazados de banqueros enriquecidos con el fondo declarándose en quiebra, es dotar al sistema de una mayor certidumbre y seguridad jurídica al reconocerse los pagarés bancarios como deuda del Gobierno, así como facilitar su capitalización, la ansiada entrada de inversiones nacionales y extranjeras, atentas hasta ahora a la solución dada al caso para hacer planes.

Portavoces del BBV-México apuestan por la consolidación de una nueva etapa: "El objetivo debe ser fomentar y proteger el ahorro, elemento necesario para el crecimiento económico".

La crisis, abordada en un debate envenenado por las elecciones presidenciales del 2000, no ha quedado cerrada pese al importante paso adelante, o hacia atrás, según la lectura de la oposición contraria a la fórmula aprobada: "No se vale que los aullidos y patadas y berrinches del sector empresarial tengan más importancia que los intereses de la nación". Es pronto para medir las implicaciones políticas abiertas con la votación de los tomatazos, los improperios y los gritos de traición a la patria, pero lo cierto es que quedó rota una alianza opositora de coyuntura contra el Gobierno, la formada por el PAN y el PRD. "Una cosa es evidente: ya no se pueden seguir tejiendo ilusiones en torno al derrumbe del Gobierno desde una acción concertada de la oposición".

El proceso ha sido largo. El presidente Ernesto Zedillo propuso en su día convertir en deuda pública, esto es, endosable al contribuyente, aquella millonada del rescate.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) subordinó su apoyo al procesamiento de los culpables y a la publicación de las entidades y personas beneficiadas por el Fobaproa. Tras nueve meses de debate, y después de recibir garantías de contraprestaciones, el PAN aceptó votar con el PRI a sabiendas de la impopularidad de la alianza en algunos sectores de su electorado. "El país necesitaba destrabar el Fobaproa por el bien del país", reiteran sus dirigentes en las declaraciones, cuñas de radio y propaganda de pago inserta en los medios de comunicación. El nuevo instituto, administrado por una junta de gobierno de funcionarios y técnicos con amplios poderes, recibirá fondos, anualmente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Administrará una deuda que en setiembre equivalía al 18% del PIB y al 60% de la deuda pública interna.

"Yo no creo que se haya resuelto lo del Fobaproa. Se resolvió un pedacito, lo de los créditos, pero falta por definir qué se va a hacer con los activos", advierte Jaime Collazo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Hace tres años, después de que la fuerte devaluación del peso en las navidades del 1994 multiplicara la acumulada morosidad y las quiebras empresariales y de que la sucesión de créditos impagados amenazara con el hundimiento del sistema financiero, el Ejecutivo habilitó una operación de rescate que compró carteras vencidas, activos de empresas y bancos con el agua al cuello, inyectó dinero fresco y evitó desastres mayores. Aquel endeudamiento todavía se padece, y determinará los presupuestos de la próxima década.