EU exigirá el uso del valenciano académico en las instituciones tras lograr un fallo contrario al secesionismo

El coordinador general de Esquerra Unida, Joan Ribó, y la portavoz parlamentaria, Glòria Marcos, anunciaron ayer que su partido iniciará una campaña para exigir el uso del valenciano académico en las instituciones tras obtener una sentencia en firme del Tribunal Supremo que anula un acuerdo del Ayuntamiento de Benifaió que obligaba a utilizar la ortografía secesionista de la Academia de Cultura Valenciana. El acuerdo fue adoptado en 1988 por el equipo de gobierno integrado por los ediles de Unión Valenciana, Alianza Popular y el Centro Democrático y Social. Según la sentencia dictada el pasado 11 de diciembre, la competencia para asumir "la dirección técnica y la coordinación del proceso del uso del valenciano" es del Consell. La portavoz parlamentaria, Glòria Marcos, argumentó que con el precedente jurídico que establece la sentencia su partido intentará que la misma tenga valor político y que las normas secesionistas no sean utilizadas por las instituciones. Así, Esquerra Unida planteará el debate en los ayuntamientos, las Cortes Valencianas y el Síndic de Greuges para que actue de oficio ante aquellas instituciones y administraciones que mantienen la misma actitud que la defendida por el Ayuntamiento de Benifaió. Joan Ribó explicó que, a su entender, uno de los objetivos de los secesionistas es poner obstáculos a la normalización del valenciano para que al final se imponga de manera hegemónica el castellano. Ribó calificó de "gran censor" al consejero de Educación, Francisco Camps, por paralizar actuaciones de la Administración de normalización lingüística acogiéndose a que se está negociando un acuerdo para acabar con el conflicto de la lengua. Como ejemplo puso la campaña publicitaria del metro de Valencia que sólo se realiza en castellano porque la de valenciano está paralizada. Esquerra Unida anunció igulamente que se ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia el contencioso administrativo formulado en su día contra la orden del 22 de diciembre de 1995 de la Consejería de Educación que deroga la convalidación de los certificados oficiales y administrativos de conocimientos del valenciano de la Junta Qualificadora y de los organismos homólogos existentes en Cataluña y Baleares.