Los municipios pequeños pagarán a guardias civiles en la reserva para cubrir tareas de seguridad

La Guardia Civil se ha lanzado a la reconquista de los territorios rurales. Para ello ha ideado una fórmula con la que ofrecer a bajo coste agentes para los pueblos más desprotegidos. El objetivo es enviarles guardias civiles en la reserva, siempre y cuando los ayuntamientos les faciliten una oficina y les paguen el traslado y la diferencia respecto a su sueldo en activo (unas 50.000 pesetas). Estos guardias reconvertidos tendrían funciones tanto de policía judicial y medioambiental como de custodia y notificación administrativa. La Federación de Municipios y la Delegación del Gobierno apoyan la iniciativa.

No será una comisaría ni un cuartel, ni siquiera una oficina de la Policía Local. Pero dará seguridad. O al menos eso es lo que pretenden la Guardia Civil y la Federación de Municipios de Madrid. El modelo que han elegido para desarrollar su objetivo no es del todo nuevo. Se basa en el convenio firmado en 1996 por la Dirección General de la Guardia Civil y la Comunidad de Madrid. Este acuerdo sirvió de sustento legal para que agentes en la reserva del instituto armado se hiciesen cargo de la custodia de los edificios autonómicos.La iniciativa, que suscitó la protesta de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía (tradicionalmente encargado de la seguridad en zonas urbanas), implicaba que el Gobierno regional pagase la diferencia entre el sueldo activo (unas 150.000 pesetas) y el de la reserva (un 25% menos). Así se hizo. Pero, pese a su fuerte respaldo público, la oferta no atrajo los suficientes agentes en la reserva, por lo que se tuvo que utilizar guardias más jóvenes para completar el cupo.

Las posibilidades ofrecidas por el convenio, sin embargo, han mantenido su atractivo para los 146 municipios pequeños (menos de 2.000 habitantes) de la región, que en su mayoría carecen de Policía Local (sólo es obligado a partir de los 5.000 vecinos). Así ocurre en Fuentidueña de Tajo (1.400 habitantes), cuyo pleno ya ha aprobado por unanimidad solicitar agentes en la reserva (con edades comprendidas entre los 56 y los 65 años).

"En los pueblos carecemos de fuerzas de seguridad, pero tenemos problemas de criminalidad específicos, como los acarreados por el traslado de la delincuencia de la capital a la periferia o el robo en urbanizaciones", señaló el alcalde de Fuentidueña, Pedro Mora, del PSOE. Este regidor, que ocupa la presidencia de la comisión de pequeñas localidades de la Federación de Municipios, considera que la medida aprobada en su municipio es el primer paso para extender el modelo policial a toda la región mediante un convenio marco al que puedan acogerse todos los pueblos que lo deseen.

En el otro extremo de la negociación, la Guardia Civil se muestra igualmente dispuesta a dar el acelerón final al proyecto.

"Hay más de un centenar de localidades, como Valdaracete, Torremocha, Villar del Olmo, Prádena del Rincón o Collado Mediano, a las que los guardias en la reserva servirían para aumentar su cuota de seguridad. Es un modelo tranquilo, donde el agente atiende a los vecinos y los conoce, comparte sus preocupaciones", señalaron mandos de la Guardia Civil. Los efectivos irán armados y de uniforme. "Lo ideal sería que en algunos pueblos fuesen hasta dos. Económicamente no plantearía ningún problema, ya que a los ayuntamientos les costaría menos dinero que contratar un policía local.

También se puede aplicar en zonas donde ya hay cuarteles, pero se requiere una atención más especializada; por ejemplo, en grandes urbanizaciones", añadieron los mandos.

Para el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, el convenio, que tiene concomitancias con el modelo policial italiano, permitiría aumentar la eficacia policial y racionalizar los recursos en una época de contención del gasto.

Este proyecto será combinado con el aumento de plantillas en las localidades con cuartel. La fórmula en este caso consiste en la cesión de viviendas por parte de los ayuntamientos. Una iniciativa bastante más avanzada que la anterior y que ya ha permitido pactar la construcción de 150 pisos (1.000 millones de inversión) allí donde la Guardia Civil carece de dinero para aumentar sus infraestructuras y atender a una demanda creciente (por ejemplo, Boadilla, Las Rozas, Majadahonda o Rivas).