FAPA CRITICA EL PROCEDIMIENTO Barberá envía al Consell Escolar Municipal el presupuesto ya aprobado

No es la primera vez que los padres de alumnos y los sindicatos se quejan de la falta de democracia y del descrédito en que está cayendo el Consell Escolar Municipal desde que el PP gobierna. Pero la sesión del lunes rebasó las peores expectativas. El Ayuntamiento de Valencia envió al máximo órgano de deliberación en materia educativa los presupuestos que ya habían sido aprobados por el pleno, pasándose por alto la Ley de Consejos Escolares, que exige previa consulta.

El rechazo unánime de los representantes de la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia, de los sindicatos STEPV, CC OO, de los directores de centros públicos y de las asociaciones vecinales a aprobar la partida de gastos de Educación del Ayuntamiento de Valencia quedó el lunes plasmado en el acta de sesiones con 10 votos en contra, tres abstenciones y sólo dos votos a favor. De esta forma, los principales agentes educativos dejaban constancia del "abuso" que el gobierno municipal ha hecho del máximo órgano de deliberación educativa. Una forma de hacer política y de gestionar los presupestos públicos que -según denunció ayer el portavoz de la agrupación de APAS de Valencia ciudad, José Vicente Higón- "usurpa al Consejo Escolar Muncipal la posibilidad que otorga la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana para elaborar un informe sobre los citados presupuestos". Además, Higón reprochó a los representantes municipales el desprecio con que se utiliza al Consejo Escolar, enviándole "una información a todas luces insuficiente, de medio folio, sin ningún tipo de aclaración, ni desglose". En la misma sesión, la federación de padres de la ciudad de Valencia y los sindicatos cuestionaron la "utilización que se está produciendo del Consell Escolar Municipal, cuando se trata de dar validez a asuntos que no han sido consultados previamente", como es el caso de las nuevas bases reguladoreas del cheque escolar, con las que "la mayoría de los miembros no estaban de acuerdo". Según Higón, la medida "representa el desvío a la iniciativa privada de más de un tercio del presupuesto para educación, sin que se den las suficientes garantías de control y sin asegurarse de que los centros que imparten Infantil estén homologados por la Consejería de Educación".