El Ararteko reclama que se cierre ya la legislación sobre menores infractores

El Ararteko resaltó también la disparidad de las decisiones judiciales según territorios y la relacionó con la mayor o menor disposición de medios materiales y humanos para aplicar un tipo u otro de medidas. El ordenamiento jurídico establece un listado de actuaciones que van desde la mediación y la mera amonestación por el juez, a los internamientos, la libertad vigilada, la prestación de servicios a la comunidad o el tratamiento ambulatorio. "Si la Administración no pone los medios para facilitar la aplicación de las medidas más pedagógicas, preventivas y resocializadoras, los jueces deben seguir acudiendo a las restrictivas, como los internamientos", recalcó. Incluso en este apartado, los medios son pocos, ya que los tres centros de internamiento actualmente existentes sólo cuentan con 26 plazas. El salto en el número de menores infractores vendrá dado por la aplicación efectiva de la elevación de la mayoría de edad penal de 16 a 18 años, establecida por el nuevo Código Penal, una vez que las Cortes aprueben la ley orgánica que regulará esta materia, antes del próximo verano. Markiegi pidió que las instituciones autonómicas se preparen para ese momento y tengan lista su ley de protección jurisdiccional del menor y una segunda que defina el modo en que se cumplirán las medidas que los jueces impongan. El Ararteko reclamó una clarificación de los papeles de las administraciones, Gobierno y diputaciones, y más coordinación entre los departamentos de Justicia, Educación y Sanidad en relación con los menores que delinquen, para que se les reconozcan los estudios que realizan en los centros de internamiento y se les saque de las listas de espera para los tratamientos ambulatorios, sea asistencia en salud mental o deshabituación de las drogas lo que precisen. Ocho de cada mil En el tramo de edad entre los 12 y los 16 años, son ocho de cada mil los adolescentes vascos que terminan por ser objeto de alguna sanción judicial. El 46% de los casos se resuelven con una mera amonestación, mientras la libertad bajo vigilancia se aplica al 17% de los jóvenes infractores. La prestación de trabajo en beneficio de la comunidad es la receta en un 16% de los casos, mientras un 13% es internado en régimen semiabierto. El internamiento cerrado supone sólo el 2% de las medidas adoptadas por los jueces en el período estudiado por el Arateko, que comprende el año 1996 y el primer semestre de 1997. Las diferencias entre juzgados son ostensibles: mientras en Vizcaya las amonestaciones superan el 60% y en Guipúzcoa se resuelven por esta vía el 50% de los casos, en Álava se quedan en el 23%. En este juzgado, sin embargo, se aplica con más frecuencia que en los demás (22%) el trabajo para la comunidad como restitución del mal ocasionado. Guipúzcoa es el territorio que más recurre al internamiento cerrado, en seis de cada 100 casos.