Nueva etapa del TC

LA ELECCIÓN de Pedro Cruz Villalón como presidente del Tribunal Constitucional -el quinto desde 1980- pone fin a una situación anómala y nada grata para sus miembros, además de profundamente perjudicial para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El Senado ha tardado 10 meses en resolver la elección de los cuatro magistrados que le corresponden, con lo que ha prolongado durante este tiempo el mandato improrrogable (nueve años) de los cesantes. Entre ellos, el presidente y el vicepresidente del Tribunal.Ya se ha dicho casi todo acerca de la desidia e irresponsabilidad de los partidos en el cumplimiento de los plazos previstos para la renovación de los altos órganos del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas) que exigen mayorías parlamentarias cualificadas. En primer lugar hay que señalar al partido del Gobierno por su condición de garante del funcionamiento de las instituciones. El PSOE tuvo que cargar merecidamente con esta crítica en su etapa de Gobierno. Ahora es el PP quien sigue sus pasos. Está visto que es más fuerte la querencia de los dos partidos mayoritarios a satisfacer sus particulares intereses que a cumplir la ley.

No es extraño, pues, que los plazos legales salten y se alarguen a conveniencia. Incluso cuando se eligen candidatos de un perfil profesional y humano intachable, como es el caso de los recién designados, el ciudadano tiene la sensación de que las fuerzas políticas no han actuado correctamente. Lo que debió hacerse en su momento, dentro del holgado plazo de cuatro meses señalado por la ley, y con el sosiego y el estudio requeridos, se ha hecho a toda prisa con 10 meses de retraso, transmitiendo una imagen inquietante de improvisación. Estos comportamientos siguen facilitando munición -que no dejan de aprovechar- a cuantos insisten en implantar un injerto de democracia corporativa en el actual sistema parlamentario, con su pretensión de romper toda vinculación de las instituciones del Estado con la soberanía popular expresada en el Parlamento.

Pero esta cuestión es de entera responsabilidad de los partidos políticos, aunque sus más directas víctimas sean las instituciones, como ha ocurrido en este caso con el Tribunal Constitucional. A sus magistrados les toca hacer lo posible para que su normal funcionamiento no se resienta incluso en esas circunstancias adversas. El TC así lo ha hecho, de modo que su ritmo de trabajo ha sido el de siempre. Su anterior presidente, Álvaro Rodríguez Bereijo, ha conseguido, pese a todo, desvincular el trabajo del tribunal de esos comportamientos criticables de los partidos, de forma que no pudiera hablarse en ningún caso de interinidad. Cabe afirmar que en los cuatro años que lo ha presidido Bereijo -incluidos los meses en que lo ha hecho en funciones-, el Constitucional ha trabajado a pleno rendimiento, dictando importantes sentencias, como la que fijó los límites constitucionales de la prisión preventiva frente a los abusos a que se había llegado por parte de algún juez de instrucción. A ello hay que añadir un orientador protagonismo público que Bereijo no ha dudado en ejercer durante su mandato en todo lo relacionado con la protección de los derechos fundamentales.

Su sucesor, Pedro Cruz Villalón, magistrado del TC desde junio de 1992, elegido por el Congreso con el respaldo del PSOE, IU y CiU, va a presidir un tribunal cuyo principal problema es el de todos los tribunales de este país: el riesgo de colapso por la acumulación de asuntos sin resolver. Su conocimiento y su experiencia, con la ayuda de una reforma legal ya en curso que evite que el TC siga siendo el rompeolas jurisdiccional de los asuntos de la justicia ordinaria y regule más estrictamente la admisión de los recursos de amparo, pueden facilitar mucho que este problema se resuelva o al menos mejore sustancialmente durante su etapa de presidente. Su elección ha sido acogida muy favorablemente por agrupaciones judiciales tan dispares como Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura. Y su trayectoria profesional hace suponer razonablemente que la presidencia del TC se beneficiará de un aporte técnico-constitucional muy cualificado, lo que contribuirá, sin duda, a garantizar el funcionamiento de una institución clave en nuestro sistema democrático.