Acuerdo entre PSC e IC para desbloquear la planificación de las cárceles de Barcelona
La mayoría de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona (PSC e IC) comenzó a superar ayer una de las discrepancias que ha arrastrado durante meses: el futuro de las cárceles y de los solares que ocupan. Los socialistas rompieron el diálogo con el Gobierno catalán y asumieron buena parte de los puntos propuestos por IC. Tanto es así, que Xavier Casas, primer teniente de alcalde, firmó ayer el decreto por el que se abre el debate público sobre los terrenos sin primar criterios económicos, como había pedido horas antes la candidata de IC a la alcaldía, Inma Mayol.
La reunión celebrada ayer por la comisión de prisiones sirvió para certificar el desacuerdo entre los socialistas y el Gobierno catalán, que se mantiene fiel al criterio enunciado por la consejera de Justicia, Núria de Gispert, en el Parlament hace unas semanas: el traslado de las cárceles debe hacerse, en parte, con el dinero que aporten las viviendas que se construyan en los solares que liberen. Un criterio rechazado de lleno por IC y al que ayer empezó a acercarse el PSC. Inma Mayol aseguró que su formación era partidaria de abrir un debate público sobre los criterios urbanísticos, los objetivos y las soluciones que permitieran modificar el plan general metropolitano y urbanizar de nuevo los terrenos. Mayol proponía que en el debate participaran las asociaciones de vecinos, los arquitectos y los especialistas en materia de prisiones. La ciudad, en suma. El documento que abre ese debate fue firmado horas después por Xavier Casas. "Este documento", afirmó un portavoz del equipo de gobierno, "no prima criterios económicos sino urbanísticos, sociales y de necesidad de la ciudad respecto a la vivienda y los equipamientos". Prácticamente las misma palabras empleadas por Mayol. Pese a ello, se mantienen algunas discrepancias que pueden ser resueltas en el transcurso del debate. Para la candidata de IC, no está claro que los terrenos tengan que ser recalificados. En su opinión, Barcelona puede y debe albergar algún tipo de prisión preventiva. Por varios motivos. El primero, en atención al carácter integrador que tiene que atribuirse a la cárcel, más allá de la pura represión; el segundo, para lo casos de personas que sólo cumplen penas de arresto en fin de semana. Pero, además, porque "la diversidad de la ciudad puede absorber mejor un equipamiento como una cárcel", explicó Mayol, quien añadió que, puesto a tener este factor en cuenta, sería bueno que parte de los equipamientos de cada uno de los tres solares (Modelo, Wad Ras y Trinitat) se utilizara para estos fines y se repartiera así algo que prácticamente todos rechazan, "aunque decirlo no sea lo más popular". Mayol propone que el resto del terreno no se destine a viviendas, sino que se aproveche para dotar a barrios como Trinitat y Eixample de nuevos equipamientos para ancianos y para escuelas. En el caso de Trinitat, Mayol cree que la discusión debería superar los límites estrictos de la cárcel actual y plantearse una nueva ordenación general del barrio. Los socialistas, por su parte, afirman que el documento municipal establece que, como mínimo, el 25% de las viviendas debe tener ayuda pública, que las zonas verdes deben ocupar el 50% de la superficie (57.000 metros cuadrados en total) y que las edificaciones deben respetar la media de su entorno, medidas que no contradicen las propuestas por IC.
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