El "botín" del IRPF acaba en fiasco

Tenía que ocurrir y ha ocurrido. Las grandes envidias y odios desatados por la cesión del 30% del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a las autonomías han acabado en un gran camelo. El IRPF ya no es lo que era.La caída de la recaudación está pulverizando todos los argumentos que con tanta pasión se han esgrimido. Ninguna región se hará rica con el IRPF. Ninguna perderá fuerza por no tenerlo.

Hace apenas dos años el país se enzarzó en una gran batalla por ver quién se llevaba lo que parecía el gran del botín del IRPF. El acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) por el que se aumentaba del 15% al 30% la cesión de un impuesto tan político y emblemático como el Impuesto sobre la Renta desató una absurda y agria pelea entre las regiones.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, vendió a su electorado el pacto con el Gobierno central como un éxito de su capacidad negociadora, que proporcionaría a Cataluña unos 400.000 millones de pesetas más durante toda la legislatura. Vendió la piel de un oso que aún no había cazado. Los alardes a bombo y platillo de Pujol causaron alarma, aunque sin ningún fundamento económico, entre las regiones más desfavorecidas, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Pero los resultados no han podido ser más humillantes. En los siete primeros meses de este año la recaudación por el impuesto sobre la renta (IRPF) ha caído un 5,8% en Cataluña, mientras que en el conjunto de las comunidades ha registrado un ligero aumento del 0,6%.

Pero la decepción ya se había producido con los datos de 1997. En los Presupuestos de la Generalitat se hizo una previsión de ingresos de 402.000 millones por IRPF, pero hubo que rebajar la estimación de recaudación hasta 351.000 millones.

Un pronóstico acertado

La primera advertencia la lanzó el senador socialista Lluís Armet, pocos meses después de sellarse el pacto. Armet señaló que José María Aznar fue más astuto que Jordi Pujol al aceptar un pacto sobre la evolución de un impuesto como el IRPF, que el Partido Popular ya había advertido que quería desactivar.Después apareció el informe de la Fundación Pi i Sunyer que desveló que durante los últimos ejercicios las regiones más pobres eran las que habían registrado un mayor crecimiento económico y, por tanto, también un mayor crecimiento de la recaudación por este tributo.

Recientemente, el consejero de Economía de la Generalitat, Artur Mas, ha reconocido en un artículo publicado en Nota de Economía el probable descenso de la recaudación por renta. Artur Mas escribía: "A pesar de que la reforma del IRPF puede reducir su potencial recaudador, el impacto sobre la financiación de la Generalitat será mucho menor, principalmente por dos motivos: en primer lugar, porque la reducción del tipo de gravamen sólo afecta a la parte estatal del impuesto y, en segundo lugar, porque el Gobierno de la Generalitat ha logrado introducir una modificación en el acuerdo de financiación adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre de 1996, en virtud del cual se garantiza que la evolución de los recursos de la Generalitat -y del resto de las comunidades que adoptaron el nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal- sea como mínimo igual al crecimiento de la economía".

Es decir, después de tanta guerra, el éxito de la Generalitat ha sido lograr un aumento de los ingresos igual al de las comunidades que aceptaron la cesión del impuesto sobre la renta -todas menos Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha-. Es decir, el gran éxito negociador de CiU ha sido conseguir exactamente lo mismo que los demás.

Chapuza presupuestaria

La modificación del acuerdo de financiación introducida por CiU supone una alteración sustancial del acuerdo entre el PP y CiU. En él se estableció un sistema de garantías para asegurar unos ingresos mínimos en caso de que la recaudación se hundiese en alguna comunidad. Aplicando el sistema de garantías establecido en el pacto a la situación actual, las comunidades tenían asegurado un aumento equivalente al 90% de la recaudación del IRPF en toda España. La medida no servía para nada, dado el bajo rendimiento generalizado del impuesto sobre la renta. Se cambió la norma y se aseguró para todos los casos un crecimiento de los ingresos igual al crecimiento del Producto Interior Bruto nominal. Según el senador socialista Octavio Granado, eso supondrá un incremento del coste de la financiación de unos 73.000 millones de pesetas.Esta medida se ha incluido en la Ley de Presupuestos del Estado de 1999, que establecen otra disposición para compensar a las comunidades por la reducción de tarifa del nuevo impuesto sobre la renta que entrará en vigor en 1999. En lugar de un 15% del tramo recaudatorio, las comunidades autónomas participarán con el 16,5%. En este segundo caso el impacto es de 67.287 millones de pesetas.

Efectos retroactivos

Pero lo más sorprendente es que estas dos disposiciones, más una tercera de anticipos de tesorería por valor de 45.000 millones, se aplican a todas las comunidades con efectos retroactivos desde enero de 1997. Algo absolutamente injustificable.En opinión de Octavio Granado, este conjunto de medidas "sólo persiguen hace rentable el sistema de financiación para las comunidades autónomas que lo aceptaron". Lo que no se podía admitir de ninguna manera es que las tres autonomías que no aceptaron el sistema -casualmente las gobernadas por los socialistas- obtuvieran lo mismo que Cataluña y las gobernadas por el Partido Popular.

El conjunto de estos datos deja al descubierto el uso partidista de un determinado sistema de distribución de los recursos que en principio de no debía producir grandes ganancias ni perjuicios a nadie.

Lo más inquietante es que, después de las grandes alharacas con que se proclamó el acuerdo de financiación, ahora se está revisando en medio del mayor silencio.

En todo este asunto los políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Han enjuiciado la cuestión descaradamente a favor o en contra según estuvieran en el Gobierno o en la oposición. Cuando, en 1993, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, acordó con CiU la cesión del 15% del IRPF, Aznar se opuso porque "el sistema generaría desigualdades". En 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar aumentó la cesión al 30% con capacidad normativa, a Felipe González le pareció insoportable "porque se rompía la unidad fiscal".

La guerra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha sido desafortunada para todos. Lo peor no han sido los fallos en la previsión. Lo más preocupante es que las promesas de las ganancias de unos a costa de otros han generado un profundo malestar entre la mayoría de los ciudadanos.