Indulto a medias

LA SALA Segunda del Tribunal Supremo no ha eludido pronunciarse sobre el tema del indulto a José Barrionuevo y a Rafael Vera, pero lo ha hecho a la manera salomónica: no ha seguido el criterio del ministerio fiscal, radicalmente opuesto a la concesión del indulto, pero tampoco ha aceptado el de los defensores de Barrionuevo y Vera, favorables a un indulto total y a que los principales condenados del caso Marey no sigan en la cárcel ni un día más.Esta posición, ni totalmente favorable al indulto ni drásticamente opuesta, se ha traducido en la recomendación al Gobierno de un indulto parcial de la condena de 10 años que cumplen desde septiembre pasado en la cárcel de Guadalajara los dos antiguos responsables del Ministerio del Interior. Pero el Supremo -y eso es quizás lo más trascendente de su decisión- no se ha limitado sin más a pronunciarse a favor de un indulto parcial, sino que ha precisado su alcance y cuantificado la reducción del tiempo de condena recomendable. Una reducción sustancial, pues la dejaría en tres años y cuatro meses de prisión, con la consiguiente posibilidad de que pudieran abandonar la cárcel de inmediato por el tercer grado o la suspensión que el Constitucional aplica a condenas que no exceden de cinco años.

El informe del Supremo no es vinculante ni obliga a nada al Gobierno. Pero le marca un camino si se tiene en cuenta lo mucho que su presidente enfatiza su sujeción a los criterios de los tribunales en asuntos relacionados con la justicia. No es que el indulto tenga que ver estrictamente con la justicia, pues se trata de un puro acto de gracia formalmente atribuido al jefe del Estado a propuesta del Gobierno. Pero en este caso, Aznar y su Gobierno han optado por situarse bajo el paraguas de los tribunales, aunque, como dijeron en su día a propósito de Amedo y Domínguez, el indulto es responsabilidad entera del Gobierno y su concesión o denegación es un coste político que sólo a él corresponde arrostrar.

La decisión del Supremo, importante a los efectos de clarificar los aspectos legales de la cuestión, tiene sobre todo el mérito de desbrozar el camino para que pueda cerrarse este capítulo. Sería imposible entender que se hable ya abiertamente de posibles medidas de gracia para los presos de ETA mientras se aplica a quienes la combatieron el máximo rigor de la ley.