El nuevo IRPF eximirá a 500.000 valencianos de presentar la declaración de la Renta de 1999

El nuevo IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 1999, liberará a entre 500.000 y 600.000 valencianos de presentar la declaración de la Renta en junio del año 2000 al disponer de unas rentas anuales del trabajo inferiores a 3,5 millones de pesetas, según cálculos de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana. La reforma fiscal se iniciará en enero con un descenso de las retenciones del IRPF para las rentas del trabajo, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Con estos cambio, Hacienda reducirá la cifra de declaraciones a devolver, que representan en la Comunidad el 70% del total.

La reducción de las retenciones del IRPF a los trabajadores por cuenta ajena tiene por objetivo reducir la cifra de declaraciones a devolver. En la Comunidad Valenciana se presentan cada año alrededor de 1,7 millones de declaraciones, de las que alrededor del 70% son negativas -1,2 millones del total-, declaró ayer el delegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla. La tendencia es que sólo tengan que presentarse las declaraciones a pagar o aquéllas más próximas a cero. Para aplicar el nuevo sistema de retenciones, los empleados deberán rellenar una hoja en la que deben comunicar a su empresa datos sobre su situación personal -estado civil y las minusvalías del titular o de los hijos a su cargo-. "Hoy ya existe algo parecido", argumentó Rambla, "la empresa sabía si estabas casado o tenías hijos". No obstante, los contribuyentes que no faciliten estos datos a su empresa porque lo consideren una vulneración de su intimidad no tendrán un descuento mensual en su retención, pero recuperarán la diferencia cuando presenten su declaración anual. Hacienda ha establecido de plazo hasta el 31 de enero para la comunicación de los datos. El cambio en las retenciones se percibirá en la nómina de febrero del año próximo, sin perjuicio de que algunas empresas y organismos lo apliquen desde enero. El descuento correspondiente al primer sueldo de 1999 se distribuirá homogéneamente durante los 11 siguientes meses. En el caso de los pensionistas, Hacienda ha ampliado el plazo hasta la nómina de marzo. En opinión de Rambla, la reforma fiscal no introduce una mayor complejidad en las obligaciones de los contribuyentes con la Agencia Tributaria a pesar del cambio radical que supone el nuevo sistema de retenciones. "La recién aprobada ley del IRPF tendrá su primer efecto en esta medida", declaró Rambla. El real decreto que regula las nuevas retenciones prevé también que si se produce un cambio en la situación personal del asalariado, éste se comunique a la empresa en un plazo de 10 días, a partir del cual se hará un nuevo cálculo para el resto del año fiscal. A raíz de la reforma, la Agencia Tributaria, con 25 centros repartidos por toda la Comunidad Valenciana, ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer el nuevo impuesto. Los responsables de Hacienda realizarán un total de 50 conferencias en asociaciones y colegios profesionales, patronales, asesores fiscales, ayuntamientos y diputaciones. El organismo tributario dispondrá de una página en Internet que permitirá a las pequeñas y a las grandes empresas disponer de un sistema para calcular las nuevas retenciones de los empleados. La agencia ha habilitado también un teléfono -901 33 55 33-. Rebaja del 17,5% Según aprobó ayer el Consejo de Ministros, la entrada en vigor del nuevo impuesto supondrá una rebaja media del 17,5%. Las retenciones en las nóminas se calcularán restando del salario íntegro la reducción por rentas del trabajo de entre 375.000 y 500.000 pesetas, en orden decreciente a medida que aumenta el sueldo, informa Efe. Las modificaciones tributarias les supondrán un coste bruto al Estado de 550.000 millones de pesetas en total. La Agencia Tributaria calcula, sin embargo, que se ahorrará alrededor de 25.000 millones de pesetas al no tener que gestionar tantas declaraciones. Los partidos de la oposición así como los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO han criticado duramente la reforma del IRPF porque, en el fondo, representa una merca de los ingresos públicos que terminará afectando y reduciendo el gasto social