Vizcaya y Guipúzcoa prevén mantener el peaje cuando asuman la titularidad de la Bilbao-Behobia

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa no piensan en suprimir el peaje de la autopista Bilbao-Behobia cuando concluya la concesión a Europistas que expira en el año 2003. El elevado coste de mantenimiento de la A-8, cifrado en alrededor de 3.000 millones de pesetas al año, y la necesidad de financiar otras infraestructuras viarias descartan a priori la supresión de peajes, pero no una reducción sustancial de su coste para los usuarios. Las diputaciones acogieron ayer con satisfacción la decisión del Gobierno central de transferir la titularidad de la A-8.

El acuerdo escrito alcanzado por el PNV con el vicepresidente del Gobierno español, Francisco Álvarez Cascos, para la cesión a las diputaciones vascas de la titularidad de la A-8 antes de que expire la actual la actual concesión en el año 2003, colmó ayer de satisfacción a los diputados generales vizcaíno y guipuzcoano. La concesionaria Europistas eludió pronunciarse y se limitó a señalar: "Estamos a disposición de las diputaciones, aunque el cambio de titularidad no modifica las condiciones del contrato de concesión". Sin embargo, el diputado general vizcaíno, Josu Bergara, ya había asegurado horas antes que "Vizcaya no se plantea la prórroga de la concesión" de la carretera. Además, recordó que sigue pendiente la transferencia del tramo de la autopista A-68 que discurre por el territorio de Álava y Vizcaya. Tanto Bergara como el diputado general guipuzcoano, Román Sudupe, coincidieron en que la titularidad foral de la Bilbao-Behobia abre unas expectativas sobre su futura gestión en la que se concilie una reducción de tarifas para los usuarios "sin que ello hipoteque los gastos de mantenimiento que hay que acometer o las nuevas inversiones a realizar", según explicó Bergara. Sudupe apuntó: "El futuro de la A-8 hay que estudiarlo en la perspectiva del conjunto de la red de carreteras. Además, es obvio que necesitamos financiación para la construcción de la autopista Eibar-Vitoria", un proyecto presupuestado en 116.000 millones. Los extraordinarios beneficios que genera la A-8, superiores a los 10.000 millones cada año, podrían decantar a las instituciones hacia una fórmula de gestión pública directa de la autopista. El diputado general guipuzcoana sostiene desde hace varios años que las instituciones de la comunidad autónoma deben crear una Agencia Vasca de Infraestructuras que gestione tanto el gasto como los ingresos que genera la red de carreteras. El diputado vizcaíno de Obras Públicas, José Félix Basozabal, ha señalado en numerosas ocasiones que la mejor fórmula sería aquella que permitiera gestionar "un sistema de autopistas que sea autofinanciable y que si se producen excedentes, reviertan a las diputaciones". Autopista carísima El compromiso suscrito por el Gobierno central para transferir la titularidad de la A-8 a las diputaciones a cambio del respaldo del PNV a los Presupuestos del Estado satisface una reivindicación que se remonta al inicio del desarrollo estatutario. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró que la situación actual, en la que las haciendas forales subvencionan un peaje social es "absurda". A su juicio, debería establecerse un peaje "blando" que reduzca las "carísimas" tarifas que están vigentes. Las negociaciones para transferir la titularidad de la autopista estuvieron a punto de culminar hace un año, también con ocasión de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Entonces los negociadores fueron el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe; el vicepresidente Álvarez Cascos y el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado. Sin embargo, no hubo acuerdo, pese a que el PNV y Eusko Alkartasuna retiraron una enmienda a los Presupuestos Generales en la que solicitaban una partida de 30.000 millones de pesetas para financiar las obras de la Eibar-Vitoria. La falta de consenso entre los dos gobiernos volvió a reproducirse el pasado mes de abril, cuando el vicelehendakari Ibarretxe y el ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, se reunieron en Madrid para intentar desbloquear las transferencias de las autopistas y de las políticas activas del Inem. El compromiso alcanzado el pasado miércoles resuelve parcialmente el conflicto competencial, ya que sigue pendiente la transferencia del tramo de la autopista Vasco-Aragonesa (A-68) que discurre por la comunidad autónoma.