Admitida una querella por fraude fiscal contra dos cargos de Erkimia

El juzgado de instrucción número 27 de Barcelona ha admitido a trámite una querella por presunto fraude fiscal presentada por la fiscalía anticorrupción contra dos directivos de la empresa Erkimia. La querella de la fiscalía va dirigida contra los directivos de Erkimia Rafael Loste y Santiago Mayans, por la venta de unos activos de la empresa en 1991. La querella también se dirige contra Juan Antonio Sánchez Carreté, asesor financiero de la empresa compradora.La fiscalía ha denunciado al juzgado que Erkimia vendió en 1991 dos minicentrales eléctricas a la sociedad Kujal. Erkimia recibió por esta venta 2.181 millones de pesetas, pero Kujal vendió luego las dos minicentrales, situadas en Palencia, a la sociedad Minicentral Dos, por 2.807 millones de pesetas. De esta manera, indica la querella de la fiscalía, Kujal habría obtenido una plusvalía de 679 millones de pesetas.

Recurso de los querellados

La sociedad vendedora, Erkimia, estaba presidida entonces por el actual ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué. En la venta de las minicentrales eléctricas actuó de intermediario Lluis Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat.Fuentes cercanas a los querellados dijeron ayer que Kujal tributó a Hacienda por esta operación en 1992, ya que la sociedad no vendió las dos minicentrales hasta 20 meses después de haberlas adquirido a Erkimia. Estas fuentes afirmaron que Kujal declaró unos beneficios de 550 millones en 1992. Agregaron que han recurrido la decisión judicial de aceptar la querella por presunto fraude fiscal, que en cualquier caso habría prescrito, a tenor del tiempo transcurrido. Asimismo, estas fuentes dijeron que la declaración fiscal de Kujal de ese año tiene la conformidad de la Agencia Tributaria. La querella inicial de la fiscalía también acusaba de presunta apropiacion indebida a los dos directivos de Erkimia por el supuesto perjuicio económico causado a los accionistas de la empresa. Este perjuicio se habría producido al haber vendido las minicentrales a menor precio a una sociedad que luego las revendió con la citada plusvalía de 679 millones de pesetas. El presunto delito de apropiación indebida estaría prescrito, según algunas fuentes jurídicas

Pese a que la querella había sido presentada ante el juzgado número 33 de Barcelona en septiembre pasado, la aceptación no fue comunicada a los querellados hasta el pasado lunes por el juzgado número 27, al que fue a parar posteriormente el caso. Este juzgado está dirigido por el magistrado Emili Soler, que hace años instruyó el caso del fraude del IVA con facturas falsas. Fuentes jurídicas indicaron que, en principio, el juez Soler asume la competencia del caso tras resolverse las dudas de si debía encargarse el juzgado número 1, que se encargó de otros casos relacionados con Kujal.