Educadores de 80 centros censuran la política de la Generalitat hacia los menores desamparados

La Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y Adolescencia (Fedaia), que agrupa a 850 profesionales que trabajan en 80 centros de menores concertados con la Generalitat, han elaborado un informe en el que critican con dureza la política del Gobierno catalán sobre infancia porque "no da respuesta a los problemas reales y a las necesidades emergentes, como la creciente llegada de niños inmigrantes sin papeles que viven en la calle". En octubre había 200 niños en situación de riesgo pendientes de ingresar en un centro. Ahora, según la Generalitat, son 60.

El documento, titulado Informe sobre la situación de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo en Cataluña, será entregado a la consejera de Justicia, Núria de Gispert, y a los grupos políticos para que se discuta en el Parlament. La federación ha pedido, además, que el estudio sea debatido en el Parlament por los diversos grupos políticos. Los profesionales de la Fedaia (directores de centros, educadores, asistentes sociales y equipos técnicos) atienden a 1.500 de los 2.000 menores que actualmente están tutelados por la Generalitat. La entidad informó ayer de que hay otros 6.000 niños problemáticos en situación de observación por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAI), adscrita a Justicia. Entre el memorial de agravios, el informe hace especial hincapié en que los recursos que la Generalitat destina a la atención y educación de los menores desamparados o en situación de riesgo son totalmente insuficientes. "Se llegan a producir situaciones de maltrato institucional porque los centros se ven obligados a admitir menores sin disponer de los medios para atenderles", indica. Cierre de centros Miembros de la junta de la federación, presidida por Carme Vidal, aseguraron ayer que la Generalitat está cerrando centros colaboradores, pese a que Cataluña tiene más necesidad de plazas porque "los problemas de marginación e inmigración son cada vez mayores". Según Vidal, las estadísticas correspondientes al pasado mes de octubre indican que unos 200 menores a los que se declaró en situación de desamparo estaban en lista de espera para ingresar en algún centro de la Generalitat o colaborador. Los centros colaboradores se consideran discriminados porque los recursos que reciben son inferiores a los que perciben los centros propios de la DGAI para realizar los mismos servicios. La Fedaia considera "urgente" la elaboración de un "mapa de infancia", es decir, un estudio de las necesidades reales que hay en Cataluña en materia de infancia y adolescencia desamparada o conflictiva. Eso permitirá optimizar los recursos existentes y crear los servicios necesarios para "afrontar las nuevas demandas del siglo XXI". La Fedaia considera, sin embrago, que el incremento de recursos no basta si no va acompañado de un cambio de modelo de gestión. Los profesionales que trabajan con menores reclaman un nuevo modelo "innovador y dinámico" que pueda dar respuesta a las problemáticas emergentes en materia de infancia. Entre ellas, la entidad destaca especialmente la "presencia de niños inmigrantes sin papeles en las calles de Barcelona y su área metropolitana". "La Generalitat sabe que es un fenómeno que va en aumento, pero parece que no le interesa prepararse para afrontarlo", indicaron ayer miembros de la junta de la Fedaia. La entidad también plantea en su informe el "vacío legal" que existe en relación con los niños de la calle inmigrantes. "Se encuentran completamente indocumentados y eso imposibilita el acceso de estos menores a los recursos formativos y laborales, lo que les deja en una situación de precariedad", señala. La federación solicita también que se sustituya la política de infancia basada en el control social por una acción centrada especialmente en la atención y la educación del menor. "Hay que dejar de considerar al niño como un problema social para tratarlo como un sujeto social de derecho", se afirma en el documento. PASA A LA PÁGINA 8