La Escuela de Policía ocultó un déficit de 729 millones en 1995 al no contabilizar todo el gasto La Sindicatura de Cuentas también reclama mejor gestión a la Junta de Saneamiento

La Escuela de Policía de Cataluña generó un déficit presupuestario de 729 millones de pesetas en 1995, en lugar del superávit de 13 millones que declaró el organismo, ya que no contabilizó gastos por 742 millones, al no existir partida presupuestaria para ello. Esta es una de las anomalías detectadas por la Sindicatura de Cuentas en su informe de fiscalización del organismo, realizado durante 1997 y enviado la semana pasada al Parlament. La Sindicatura reclama a la Junta de Saneamiento y a la Junta de Aguas mejoras de gestión para cobrar los tributos que perciben.

En su informe de fiscalización, la Sindicatura de Cuentas señala que "a causa de los efectos de los gastos comprometidos sin crédito y no contabilizados, por un importe global de 742 millones de pesetas, los balances de situación de 1995 y 1996 y la cuenta de resultados de 1995 no reflejan razonablemente la situación financiero-patrimonial de la escuela". La Escuela de Policía de Cataluña, creada en 1988 y radicada en Mollet del Vallès, depende de la Generalitat a través del Departamento de Gobernación. En 1995 era director de la Escuela Francesc Falgueras, que dejó el cargo a mediados de 1996. Según la Sindicatura de Cuentas, si se hubieran contabilizado los citados gastos el resultado presupuestario de 1995 habría arrojado unas pérdidas de 729,4 millones de pesetas en lugar de los 13,2 millones que indicó en sus cuentas la Escuela de Policía. La Sindicatura de Cuentas resalta que de haberse contabilizado todos los gastos, el remanente de tesorería disponible por la escuela al acabar 1996 habría sido negativo en 709,3 millones, en lugar de los 282 que señalaba el organismo. La Escuela de Policía ha corregido algunos defectos de contratación de obras apuntados por un informe anterior de fiscalización sobre sus cuentas en 1993 y 1994, consistentes en eludir concursos de obras troceando algunas adjudicaciones. Sin embargo, la Sindicatura de Cuentas destaca que ha existido poca transparencia en los contratos de servicios a profesionales. "Los contratos a profesionales realizados en 1994 y 1995 se adjudicaron sin respetar los principios de concurrencia y publicidad", dice el informe, que resalta que esta anomalía ha sido subsanada a partir de 1996. La Sindicatura no detalla a qué personas o empresas se adjudicaron los servicios que no cumplieron el requisito de publicidad que exige la ley para los organismos públicos. Junta de Saneamiento. La Sindicatura le reclama que mejore su gestión para cobrar antes los ingresos de sus cánones y achaca a este retraso el endeudamiento del organismo. El informe destaca que de los 17.091 millones de pesetas que adeudaban las familias al final de 1995, 3.586 millones "se cobraron en la primera quincena de 1996 y 4.829 millones estaban en vía de constreñimiento". La Sindicatura señala que "las dificultades para el cobro y el retraso en el cobro de los fondos europeos aprobados ocasiona que para llevar a cabo las inversiones en sistemas de saneamiento se ha de recurrir a un grado de endeudamiento considerable". La Junta de Saneamiento se endeudó en 20.442 millones de pesetas en 1995 y la deuda acumulada ascendía al acabar ese año a 58.800 millones de pesetas. Junta de Aguas. Sus cuentas tienen "carencias formales y contables en la gestión de las tasas y otros ingresos, de difícil cuantificación global, que muestran defectos significativos en la gestión de estos tributos", dice el informe de fiscalización. Por otra parte, 37 empleados de la junta superaron en 1996 el límite legal de 80 horas extraordinarias por año, aunque la Sindicatura reconoce que las funciones "de prevención y seguimiento de las riadas puede hacer necesario un número elevado de horas extraordinarias". Departamento de Trabajo. La Sindicatura indica: "En general, los sistemas de gestión aseguran la eficacia y el cumplimiento de la legalidad, pero llama la atención sobre el hecho de que 33 funcionarios permanecían en 1996 durante más de dos años nombrados en funciones o en comisión de servicios, cuando el plazo máximo en esta situación es de dos años. El departamento ha alegado que se han efectuado convocatorias para normalizar la situación de esos funcionarios.