Tensión en el instituto

LA VIOLENCIA en las aulas es una lacra que con mayor o menor intensidad sufre la comunidad educativa y la sociedad en general en sus zonas más desatendidas. Su ejemplo más reciente y dramático, aunque por desgracia no será el último, han sido los problemas de convivencia en el instituto Celestino Mutis, ubicado en Villaverde Alto, en el sur de Madrid. Un informe del director de este centro público y de su jefatura de estudios ha revelado que desde el inicio de curso se han registrado 135 incidentes causados por alumnos que no se han integrado en la vida escolar. En el informe se detallaba el descubrimiento de tres navajas y un punzón entre los estudiantes, se citaban múltiples denuncias de robo de dinero y material y se cifraba en 19 los alumnos sancionados. La conclusión del director era desalentadora: no podía garantizar la seguridad en unas aulas masificadas.Las causas del conflicto son conocidas y apuntan a un problema que amenaza con generalizarse: la aplicación de la LOGSE sin la adecuada planificación ni medios suficientes. El instituto, que hasta este año no había registrado incidentes de importancia en una comunidad con unos 700 alumnos de BUP y COU, recibió a principios de curso más de 400 nuevos estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO). Entre ellos, una cincuentena de chicos de 12 a 14 años procedentes de programas de integración y educación compensatoria para jóvenes conflictivos. Los centros privados concertados, aunque también están financiados con dinero público, consiguen habitualmente no acoger a estos alumnos.

La falta de profesores, de aulas, de medios en general, encendió la primera chispa. Lejos de conseguirse la integración, los alumnos se declararon en huelga y denunciaron la violencia que sufrían. Un mes después se rebelaron los profesores, que se encerraron para reflexionar sobre el problema. En un centro sin graves conflictos, la aplicación desordenada de la LOGSE había introducido de golpe tres nuevos cursos en 20 aulas, una masificación que ha deteriorado gravemente la convivencia.

El Ministerio de Educación se comprometió a prestar atención psicológica a los alumnos conflictivos, a enviar a un especialista en alteraciones de conducta y un psicopedagogo para aconsejar a los docentes. Pero para evitar que el problema de la masificación se enquiste en el sistema educativo se requieren soluciones más complejas y caras. Es esencial concebir un mecanismo de distribución del alumnado para que los conflictos no degraden la convivencia. Y es imprescindible oír y atender a quienes trabajan y estudian en los centros afectados, que son los que más tienen que decir sobre sí mismos.